Ortega Díaz señala que Saab es el verdadero propietaro de la compañía Conkor, aunque realmente quienes aparecen como dueños legales son Alejandro Josue Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, sus testaferros. Según la exfiscal general, el valor acumulado de los contratos vinculados a Saab ascienden hasta los 1.000 millones de dólares
La exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció que Tarek William Saab, actual fiscal de Venezuela, utiliza cargos públicos para enriquecerse, además de asegurar que es dueño de una empresa constructora que mantiene una serie de contratos con el Gobierno nacional.
A través de un video publicado en “X”, Ortega Díaz señala que Saab es el verdadero propietario de la compañía Conkor, aunque quienes aparecen como dueños legales son Alejandro Josue Ruiz Mazzeo y Elías Ramón Koury Guevara, sus testaferros.
Relacionado a ello, recuerda que en su mandato como gobernador de Anzoátegui, entre 2005 y 2012, Conkor fue “intencionalmente beneficiada con la adjudicación de 84 contratos para la ejecución de obras públicas” en el estado.
La exfiscal afirma poseer pruebas de dichos contratos, los cuales fueron obtenidos durante el allanamiento de la constructora Conkor, como parte de la investigación del desfalco a la faja petrolífera del Orinoco.
“En ese allanamiento también encontramos documentos que evidencian todas las irregularidades de esos contratos, como adjudicación directa y sin licitación, obras inconclusas y contratos con sobreprecio”, agregó.
Asimismo, añadió que se encontraron evidencias que sugieren que, entre 2003 y 2017, dicha empresa mantuvo 59 contratos de obras y servicios con empresas filiales y mixtas de Pdvsa.
Entre las filiales de la compañía estatal petrolera se encontrarían Petrocedeño, Pequiven, Petrodelta, Petrojunín y Petropiar, las cuales todas tienen relación con actividades en la zona del Orinoco.
Según la exjefa del Ministerio Público, el valor acumulado de los contratos vinculados a Saabasciende hasta los 1.000 millones de dólares.
Ortega Díaz fue destituida como fiscal general de la República en 2017, y desde entonces se mantiene en el exilio, tras permanecer en el cargo por casi 10 años.
VF