Tras el anuncio de un proyecto de ley por parte del Ejecutivo que le pondría otra carga a las empresas para el pago de pensionados en el país, Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unimet, propuso crear un fondo de pensionados manejado por el sector privado que funcione mejor que el Seguro Social, advirtiendo que estos problemas no son nuevos y que no se puede dejar el fondo de pensionados solo al sector público.
Recordó que la Asociación de Derecho Tributario decía que este nuevo impuesto a las empresas era redundante, insistiendo en que no está en contra de que se paguen pensiones dignas, pero los recursos no deberían salir de una carga tributaria más a las empresas.
Oliveros indicó que debe haber un cambio institucional importante de quienes manejan estos fondos, además, debe modificarse la ley del trabajo si se quieren pensar en aumentos de salario que beneficie a todos.
«Como está la ley actualmente, desincentiva los aumentos del salario. La única manera de aumentar los recursos es a través del tema petrolero» añadió.
También alertó que no se tienen claras las cifras de presupuesto, explicando que pareciera que si es viable el salario de 200$, pero se descuadraría este en un momento donde el tema tributario es tan precario.
El economista destacó que ese peso que tiene la contribución de las empresas se está desbalanceando, recalcando que el Estado debería tener ingresos por otra vía y no generarlos vía empresa porque el ajuste es muy fuerte.
«Pareciera que sí hay dinero, pero el tema es el descuadre fiscal, el tema inflacionario y presupuestario» acotó.
Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, aseguró que este nuevo impuesto «es una burla más», señalando que no hay respuesta a la propuesta que se hizo desde las centrales sindicales donde se certifica, a través de un documento dado a los entes correspondientes, la viabilidad de los 200$ como un aporte inicial para reconstruir el salario.
Resaltó que en esta propuesta, consultada por economistas y expertos, se incluyen 10 millones de trabajadores, donde entran más de 5 millones de pensionados.
«En 1986 la ley de jubilaciones y pensiones estableció 20 años para guardar un fondo para esa actividad y a la fecha no se sabe donde está. La situación es inaguantable, es un genocidio según el estatuto de Roma» dijo.
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