Las recientes denuncias en contra de Diego Cancino, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), han generado un intenso debate en la opinión pública. La acusación, presentada por Viviana Vargas Ávila, asesora del Ministerio del Interior, se centra en un presunto caso de acoso sexual ocurrido durante una reunión laboral. Sin embargo, es crucial mencionar que estas denuncias fueron entregadas por la prima de Andrés Ávila, exdirector de la SAE durante el gobierno de Iván Duque. Este contexto añade una capa adicional de complejidad al caso, ya que implica conexiones familiares dentro de la administración pública.
El contexto
Vargas Ávila denuncia que durante su encuentro con Diego Cancino, el funcionario cruzó límites personales, haciendo comentarios inapropiados y tratando de establecer contacto físico no consensuado. “Me abrazó y metió sus manos debajo de la blusa”, afirmó, describiendo la situación como intimidante. Este relato ha sido respaldado por mensajes de texto y testimonios que documentan la interacción entre ambos.
Frente a estas serias acusaciones, Diego Cancino emitió un comunicado en el que niega categóricamente haber incurrido en acoso sexual. En su defensa, argumenta que el encuentro fue amistoso y que no tuvo la intención de ofender. “Lamento sinceramente cualquier conducta que haya podido resultar ofensiva”, declaró. Sin embargo, su respuesta ha sido recibida con escepticismo por quienes consideran que el poder y la influencia en el ámbito laboral deben ser manejados con una ética rigurosa.
Implicaciones para la Administración Pública
Las denuncias en contra de Diego Cancino han generado preguntas sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos. En un momento en que Colombia busca fortalecer su institucionalidad y promover relaciones más igualitarias entre géneros, este caso resalta la importancia de abordar el acoso sexual en todos los niveles de la administración pública. La sensibilidad del tema es evidente, y Cancino ha reconocido el impacto emocional que la situación ha tenido no solo en él, sino también en Vargas y sus familias.
El caso de Diego Cancino es un llamado a la reflexión sobre el comportamiento de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. La implicación de familiares de exfuncionarios en las denuncias añade un elemento de intriga, lo que sugiere que la política y la ética personal no siempre pueden separarse. En última instancia, este caso podría sentar un precedente importante en la lucha contra el acoso en el entorno laboral, promoviendo una cultura de respeto y responsabilidad.
