El Gobierno talibán calificó este viernes de «infundada» la preocupación de la ONU por el retroceso de los derechos de las mujeres, como es el caso de la imposición del burka, y reafirmó su compromiso en garantizar sus libertades «dentro del marco religioso y cultural aceptado por los afganos».
Así lo aseguró el Ministerio de Exteriores afgano en un comunicado emitido hoy, en respuesta a una declaración pactada del Consejo de Seguridad de la ONU, que mostraba su «profunda preocupación por la creciente erosión del respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres y niñas» en Afganistán.
Los quince miembros del Consejo de Seguridad responsabilizaron el martes a los talibanes de este retroceso, y les pidieron dar marcha atrás a todas las políticas restrictivas con los derechos y libertades básicas de las afganas, incluida la obligación de usar el burka o vestimentas similares en lugares públicos o en televisión.
Sin embargo, los fundamentalistas precisaron hoy que el uso obligatorio del burka en espacios públicos «está en consonancia con las prácticas religiosas y culturales de la sociedad» de mayoría musulmana.
El Gobierno talibán decretó el 7 de mayo la obligatoriedad para mujeres y niñas de emplear esta prenda tradicional u otras vestimentas similares que cubran por completo su rostro, a pesar de que la mayoría ya lo portaban con asiduidad.
«No se ha impuesto al pueblo afgano nada que vaya en contra de las creencias religiosas y culturales de la sociedad islámica», sostuvo el texto.
Mostrándose «respetuosos con la libertad religiosa de la gente», el Gobierno talibán pidió al resto de países respetar los valores religiosos y culturales de los afganos y «no emitir veredictos basados en informes maliciosos y antagónicos de medios de comunicación» contrarios a su Gobierno.
La declaración emitida por el organismo de la ONU también dejó entrever la posibilidad de que se restaurara próximamente el sistema bancario y financiero afgano, permitiendo al Banco Central de Afganistán emplear sus activos para sortear la grave crisis económica y humanitaria que se vive en el país asiático.
Una hipótesis que los talibanes acogieron con beneplácito, considerándolo «un paso vital para el pueblo afgano», al tiempo que volvieron a exigir a Estados Unidos la liberación de los fondos afganos, así como la retirada de las sanciones internacionales.
La llegada al poder de los talibanes el pasado 15 de agosto motivó la suspensión de los fondos internacionales a Afganistán, así como de las ayudas procedentes de la comunidad internacional, de los que dependía principalmente su economía.
El Gobierno talibán acusó en múltiples ocasiones a Estados Unidos de «secuestrar» su dinero, agravando la crisis afgana.
EFE
