A finales de abril el presidente Nicolás Maduro amenazó con dictar medidas extraordinarias para enfrentar la estructural crisis económica de Venezuela, que llamó, siguiendo el ejemplo y los modos que implantó su antecesor Hugo Chávez, “el revolcón económico”. Llegó el 1 de mayo, la fecha prevista para el anuncio, y el jefe del Estado apenas anunció un incremento del salario mínimo del 30%. Revolcados quedaron todos los funcionarios (médicos, enfermeros, maestros de la escuela primaria y secundaria y profesores universitarios) cuyo pago depende de los marcadores establecidos en los contratos colectivos. Los salarios de los catedráticos ubicados en los escalafones más bajos (instructor y asistente) de las universidades más reconocidas del país están por debajo del nuevo marcador del pago obligatorio para los obreros.
Maduro ha anunciado que a partir del 1 de mayo los obreros cobrarán su incremento en dos etapas: un 20% a partir del 1 de mayo, y el resto a partir del 1 de julio. Pasada esa fecha, el nuevo salario mínimo será de 7.421 bolívares, unos 26 dólares mensuales si se toma en cuenta la tasa de cambio en el mercado negro, una de las cuatro cotizaciones de la moneda estadounidense en la díscola economía local. Afirmar que es el salario más bajo de América Latina es ya un lugar común. Este ingreso se sostiene a duras penas en una economía donde el Gobierno subsidia casi todos los bienes y servicios pero hay que hacer enormes filas para adquirirlos.
