Los familiares y abogados de los funcionarios insisten en su inocencia porque nunca se comprobó que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registró ese día
La historia de los agentes de la Policía Metropolitana (PM) que condenaron por los sucesos del 11 de abril de 2002 no es solo otra injusticia en Venezuela. Es un relato de 23 años que ha dejado familias fragmentadas, padres que murieron a la espera de un abrazo y una nueva generación que solo conoce a sus padres por visitas tras las rejas.
En abril de 2009, cuando ya tenían seis años en prisión, Héctor Rovaín (inspector jefe), Erasmo Bolívar (distinguido), Luis Molina (patrullero) y otros seis uniformados fueron sentenciados a 30 años de cárcel por “complicidad correspectiva” en homicidio calificado y lesiones. Los delitos supuestamente los cometieron contra los manifestantes de oposición que pretendían llegar al Palacio de Miraflores hasta que varios pistoleros civiles los emboscaron en Puente Llaguno, en el centro de Caracas.
Abogados defensores de derechos humanos e Investigaciones periodísticas señalan que los tres funcionarios que participaron en el operativo de seguridad de la Policía Metropolitana en la avenida Baralt fueron víctimas de procesos viciados. Nunca se comprobó que sus armas estuviesen vinculadas con la veintena de muertes que se registró ese día.