Es abrumador el silencio de los gobiernos latinoamericanos en torno al despojo de la nacionalidad de más de 300 nicaragüenses por Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.
Primero, el régimen de esa nación centroamericana reformó de manera exprés la Constitución para poder suspender «a perpetuidad» todos los derechos ciudadanos de los 222 presos políticos liberados, desterrados y enviados a Estados Unidos. Luego extendió la medida a 94 nicaragüenses más: entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el periodista Carlos Fernando Chamorro (cuyo padre fue asesinado en la lucha antisomocista), el sacerdote Edwin Román, sobrino de Augusto César Sandino, en fin…
Solo Gabriel Boric, presidente de Chile, lo comentó en su cuenta de Twitter: «Un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense. No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón, y no se priva por decreto. ¡No están solos!».
Boric no había nacido aún cuando el dictador general Augusto Pinochet le quitó el 1 de septiembre de 1976 la nacionalidad a Orlando Letelier, excanciller y exministro de Defensa durante el gobierno de Salvador Allende. Veinte días después, una bomba adosada al automóvil en el que se desplazaba por un barrio céntrico de Washington acabó con la vida de Letelier y su asistente. Un comando chileno a las órdenes del jefe de seguridad de Pinochet, Manuel Contreras, realizó el trágico encargo. Boric tiene la memoria que otros mayores borraron de su disco duro.
El régimen nicaragüense se sentó hace menos de un mes en mesa de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac, es decir, la OEA sin Estados Unidos y Canadá: hay democracias que molestan en ciertos foros). La desmesurada Declaración de Buenos Aires, suscrita por los mandatarios o sus representantes, contiene 111 items, 9.200 palabras. Se pasaron por alto el capítulo «presos políticos». No existen. Nuestras miserias están escondidas debajo de la alfombra.
¿No ameritaba este aberrante comportamiento de Ortega y Murillo una frase siquiera de más mandatarios? ¿Es posible esperar una declaración aunque sea tardía de la Celac?
Al respecto, del régimen venezolano no se tienen noticias. No libera a los casi 300 presos que trata, sin embargo, como apátridas: sin derecho a la defensa, víctimas de maltratos y torturas documentadas por Naciones Unidas y organizaciones civiles. Cruelmente castigados por ejercer sus derechos ciudadanos.
La línea de actuación de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela –entre los tres suman más de 100 años en el poder – es una copia al carbón: son los dueños de sus patrias. Son los únicos patriotas, los que deciden quiénes son cubanos, nicaragüenses o venezolanos. Por la ley y sin ley.
A Venezuela le duele y le urge construir una sociedad de ciudadanos.
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