El cerco informativo nacional no ha impedido que los medios de comunicación de otros países difundan noticias e imágenes sobre la violencia policial y parapolicial que dejó tres víctimas mortales, así como un centenar de detenidos y la anunciada disposición del gobierno de apresar a dirigentes opositores.
Son noticias con antecedentes cercanos que también han circulado en la prensa mundial: la escalada de inseguridad, las graves dificultades económicas que atraviesa Venezuela y el silencio que va imponiendo el gobierno a los medios de comunicación que desnudan esas realidades.
En realidad no hay censura ni autocensura que impida que la información fluya por otros medios, dentro y fuera del país. Bien se escuchó por el mundo lo dicho por el presidente Nicolás Maduro en referencia a la actividad económica privada hace unos meses y a la prensa hace pocos días: “Me van a llamar dictador, no me importa”. Circulan las noticias, pero otra cosa son las reacciones.
Entre los gobiernos del vecindario han prevalecido la cautela y las ambivalencias. Unos optaron por la condena a la violencia y los llamados a la paz, otros por expresiones de solidaridad con el gobierno venezolano: desde el gobierno de Uruguay que “defiende la libertad de expresión pacífica”, pero “repudia todo tipo de violencia e intolerancia que intente horadar la democracia y sus instituciones”; hasta la ALBA cuyos miembros “rechazan los más recientes hechos de violencia, que no son más que parte de una estrategia de la derecha internacional a través de sus operadores políticos locales para desestabilizar el país y generar una ruptura del orden constitucional”.
Así los socios transforman a las víctimas en victimarios y dan carta blanca al gobierno que descalifica la protesta mientras actúan impunemente colectivos armados.
Las reacciones internacionales más asertivas han venido de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han manifestado su preocupación ante los informes sobre ataques por grupos armados que actúan sin restricciones y el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, las detenciones sin cumplimiento de procedimientos legales y el bloqueo informativo. Solicitan que los responsables de los actos de violencia sean debidamente procesados y sancionados con penas adecuadas, así como la garantía plena de los derechos humanos.
De modo semejante han respondido organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, con un detallado informe, y Human Rights Watch.
No cabe esperar nada igual de los nuevos foros regionales en los que hace rato escondieron muchas cosas debajo de la mesa, como la Carta Democrática y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Queda como aliento la carta del ex presidente de Costa Rica Oscar Arias, que así termina: “No hay nada peor que tener miedo a decir la verdad”.
Editorial de El Nacional
