La razón por la cual la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre Venezuela se puede ver claramente en la desmesura, en la diferencia entre las cifras que presenta Tarek William Saab y lo que dicen los expertos del Programa de Educación y Acción para los Derechos Humanos.
En el supuesto de que la Fiscalía chavista publique los números de los agentes de seguridad del Estado que han sido procesados por violar los derechos humanos de cualquier ciudadano y se sumen los 22 años consecutivos, es seguro que nunca llegará a una cifra similar a la que recoge Provea: 7.893 ejecuciones extrajudiciales. Es decir, la mayoría de estos casos están impunes.
Saab acaba de dar muy orondo una rueda de prensa para anunciar que han sido procesados más de 800 agentes y condenados 210 por el delito de violación de derechos humanos. Incluso, le pareció una excelente noticia que los custodios de Fernando Albán hayan recibido una condena de 5 años. Lo que no dice, y hay que enfatizar, es que ese caso sigue manejándose como “suicidio” y ninguna investigación independiente se ha realizado para rebatir la hipótesis del gobierno chavista. Qué conveniente.
También se llenó la boca con la condena que recibió al fin el funcionario que disparó en contra del joven David Vallenilla en La Carlota en 2017. Pero ¿y la cadena de mando? Provea está muy clara en que no hay justicia completa si no se procesan y se juzgan a los responsables de dar las órdenes, lo que vendrían siendo los autores intelectuales.
“En los últimos años, pero principalmente a partir de 2015, estamos frente a una política de Estado, de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías que han privado de manera arbitraria de la vida a miles de personas”, dijo Marino Alvarado. Y lo bueno del trabajo de esta organización es que no solo se ocupa de los casos de concejales, como Albán, o un manifestante, como Vallenilla, sino de muchos hombres y mujeres humildes que han sido víctimas de los operativos de “seguridad” diseñados y ejecutados desde el gobierno chavista central. Muchos son los culpables que andan como si nada, si realmente se le pone la lupa a lo que es la violación de los derechos humanos que en Venezuela, como asegura Provea, se ha hecho política de Estado.
Y como la Fiscalía chavista no adelanta la investigación de ninguno de los integrantes de esas cadenas de mando, por más que Provea los ponga en evidencia, la oficina de Karim Khan sí se ocupa de ello porque así lo establecen los acuerdos internacionales.
Los familiares de las víctimas tienen que estar preparados para colaborar con lo que sea, pues dado que la justicia de nuestro propio país no se ocupa de sancionar a todos los culpables, la internacional asumirá el trabajo sin miedo. Más temprano que tarde.
Editorial de El Nacional
