En Venezuela, en razón de la inseguridad, hasta los muertos temen salir de noche; tal vez por eso las almas en pena deambulan a plena luz del día por los centros electorales y se materializan como votantes inscritos en el Registro Electoral Permanente para manifestarse en las urnas donde se sufraga y no en las que deberían cobijar su despojos.
No estamos haciendo referencia a zombis o muertos vivientes que caminan al mejor estilo hollywoodense, sino a electores fantasmas cuyos votos distorsionan la voluntad popular y cuya participación en, por lo menos, tres jornadas comiciales fue reseñada por el especializado periodista en cuestiones electorales Eugenio Martínez el pasado domingo, en un respetable diario capitalino.
De acuerdo con esa información, «el cruce de las bases de datos de fallecidos del Instituto Nacional de Estadística con los resultados electorales por mesa de votación permite identificar casos concretos de usurpación de identidad de ciudadanos fallecidos antes de las elecciones parlamentarias del año 2010, la presidencial del 7 de octubre y los comicios regionales celebrados el 16 de diciembre de 2012».
Estamos ante una denuncia de grueso calibre que echa por tierra las aserciones de los publicistas del Consejo Nacional Electoral respecto al blindaje del voto automatizado, la utilidad y efectividad de las captahuellas y la pulcritud del registro electoral, y cuestiona la capacidad técnica del intermediario comicial para enfrentar manipulaciones fraudulentas; además, proporciona a la oposición serios e incuestionables argumentos para fundamentar sus reclamos y validar la impugnación de los escrutinios del 14 de abril.
Se veda a la MUD el acceso a los cuadernos de votación y a los reportes de lo que se conoce con muy pomposas denominación y siglas como Sistema de Autenticación Integrado, el SAI, amén de la auditoría «de no duplicidad de huellas», lo cual pone a todo el conjunto de métodos y procedimientos adoptados por los organismos electorales y a sus responsables bajo el lente de la sospecha.
Sobre todo porque «según las proyecciones de fallecidos de estos años, en el padrón de votantes deben existir 210.000 difuntos que aún están activos» y porque, por si fuera poco, se aproximan unas votaciones en las que, como se presagia una contundente victoria de la unidad, quién sabe cuántas barbaridades se estarán planificando.
El CNE, tan susceptible a la crítica y tan reacio a la certificación de sus actuaciones por quienes, con justicia, desconfían de su transparencia y objetividad, tiene que explicar al país cómo es posible que ocurran esas milagrosas resurrecciones que evidencian la vulnerabilidad de un aparato probadamente asimétrico, dada las inclinaciones políticas de quienes lo administran; de lo contrario, muertos de risa, cadáveres insepultos seguirán haciendo colas para enterrar sus votos en las urnas electorales.
Editorial de El Nacional
