El Gobierno ha ido instalando en el país, año tras año, una lógica perversa que sorprende por su finalidad macabra y nazista: la creación de dos zonas de pensamiento y la inclusión en ellas de, por un lado, los que tienen garantizado el derecho a la vida, y por el otro, los “subciudadanos”, los apestados, los disidentes, los ideológicamente leprosos y cuyo derecho de ser amparados por la ley y la justicia depende de la suerte, de la amistad con un jefe militar o civil, o de algún contacto en Miraflores que, gracias a la maternidad del destino, estudió en Barinas.
Los leprosos políticos pueden ser representantes de un partido o simples militantes, pacíficos líderes de alguna organización civil en un barrio o una urbanización, estudiantes, maestros y profesores, industriales, comerciantes, ganaderos o agricultores, deportistas, grupos teatrales o fundaciones culturales, buhoneros o esforzadas amas de casa. Como en la época del nazismo, cuando todo aquel que cometiera el pecado de ser indiferente pasaba a ser un enemigo.
Pero pensemos por un momento en quienes por estar presos sin siquiera ser juzgados (80% no sabe si son culpables) ya ni siquiera llegan a ser “subciudadanos”, son para el Gobierno una basura que respira. Apenas tienen dos alternativas: la primera es que los juzguen (algo imposible), y la segunda, que los trasladen a otras cárceles donde les espera la violación sexual, las palizas colectivas y la muerte en medio de los enfrentamientos cotidianos.
El conflicto carcelario es lo más parecido a las cadenas presidenciales: suceden día a día y no modifican las crueldades de la vida diaria en los penales. La espantosa masacre ocurrida en la cárcel de Uribana hasta hoy no tiene respuestas de los encargados de manejar la política penitenciaria del país.
Un total de 61 reclusos fueron masacrados presuntamente por funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Han sido supuestamente víctimas de sus custodios que, contrariando lo que dice la Constitución, deben velar por los derechos humanos de los privados de libertad. Pero nadie está de acuerdo con que, si fuera cierto, se extermine a la población carcelaria en búsqueda de eliminar el hacinamiento.
El proyecto de Iris Varela ha sido claro: en tan sólo un año ha cerrado tres cárceles pero no ha abierto ninguna, lo que significa un aumento en penitenciarías hacinadas. La política de la ministra consiste en exterminar penales, pero sin la búsqueda de otras soluciones. O acaso en dejar a los reos libres a su criterio, como se hizo en La Planta, de donde aún no sabemos cuántos se fugaron, para que en la calle hagan lo que les dé la gana.
Lo que tenemos claro es que la ministra Varela se ha dedicado a destruir el sistema penitenciario con la complicidad de las demás instituciones del Estado que se han convertido en sus compinches en la búsqueda del exterminio de la población penitenciaria de este país.
Fuente: EN
Editorial de El Nacional
