Es bueno aclarar de una vez y sin anestesia que William Echarry y Ramón Blanco no deben tener dinero suficiente para cumplir con la cita de presentación cada 30 días ante el Tribunal 1 de Control de La Guaira que los puso presos el 12 de febrero.
La pensión que les otorga el Seguro Social por su jubilación es de apenas 7 bolívares; si están inscritos en el sistema Patria puede ser que reciban 3 bolívares más de algún bono al mes, pero eso no les debe alcanzar ni para el pasaje ida y vuelta. Así que la magnánima orden del juez de cambiar la medida de privativa de libertad de estos dos ciudadanos de la tercera edad por esta cautelar no es “hacer justicia”. Se les sigue el juicio por instigación al odio, solo que por la presión mediática nacional e internacional se salvaron de ir a El Rodeo. Hay que estar claros, eso no es estar libres.
Echarry y Blanco tuvieron la valentía de hacer una pancarta para reclamar sus derechos. Son por lo menos 30 años de trabajo continuo y cotizaciones en el régimen de jubilación para que les devuelvan una miseria que no les alcanza ni para comer. Su pecado fue no quedarse callados y exigir una pensión que les permita vivir con dignidad. Todavía tienen fuerzas para luchar por ellos y por los miles de retirados que están en esta situación en el país.
Lo que debe suceder es que en ese tribunal nadie tiene abuelos o padres que estén en esa situación, porque culparlos de instigación al odio es un exabrupto tan grande que pareciera una fantasía. Puede que ahora, con la bondad que los caracteriza, Echarry y Blanco afirmen que siempre los trataron bien, pero lo que no debieron es estar tras las rejas ¡ni un minuto!
Y sobre eso hay que insistir. Protestar y reclamar los derechos no es instigación al odio. No puede culparse a nadie de quebrantar la ley por decir lo que piensa y mucho menos condenarlo a cumplir cárcel sin el debido proceso judicial. Y sigue siendo una tremenda injusticia el régimen de presentación al que serán sometidos quién sabe hasta cuándo. Solo porque alzaron la voz para decir una verdad más grande que Miraflores: nadie puede vivir en Venezuela con 7 bolívares al mes.
Pero ya sabemos que así buscan silenciar al que se atreva a exigir lo que le corresponde. Es su práctica. Para que a nadie más se le ocurra hacerlo. Un escarmiento, un susto a tiempo, piensan sin importar que se trate, en este caso, de dos adultos mayores que estaban armados solo con una pancarta. El miedo es grande.
¿Y si nadie se hubiera movido para llamar la atención sobre este caso? Entonces Echarry y Blanco seguirían esperando su traslado a una de las cárceles más peligrosas del país, a sufrir lo que sufren los delincuentes comunes con el hacinamiento, el hambre y las enfermedades.
Lo justo sería que el gobierno chavista entienda que una jubilación o un sueldo como el que pagan a ellos no es digno para nadie. Lo justo sería que alguien hiciera realmente algo para que esta situación se arreglara en beneficio de toda la población; pero si una injusticia así ni siquiera generó solidaridad entre los dirigentes opositores, ¿quién acompaña a los más vulnerables en su lucha?
Editorial de El Nacional
