El mundo vive actualmente el mayor número de conflictos desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha provocado que 117 millones de personas, una cifra récord, se hayan visto obligadas a huir de sus hogares. El desprecio por el derecho internacional, la proliferación de armas y la creciente militarización están exacerbando la violencia sexual y planteando graves amenazas a la seguridad de los civiles, incluidos los grupos vulnerables.
Se han intensificado los ataques contra infraestructuras civiles, como los centros sanitarios, lo que priva a las comunidades de derechos fundamentales como el derecho a la salud, lo que dificulta la presentación de informes y la respuesta en condiciones de seguridad. Esto representa graves amenazas para la seguridad de la población civil, incluidos grupos vulnerables como los supervivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos, ya que los hospitales son esenciales para proporcionar asistencia vital en las zonas afectadas por conflictos.
La violencia sexual relacionada con los conflictos tiene efectos nocivos prolongados en las víctimas y se utiliza como táctica de guerra, tortura y terrorismo. Tiene devastadores efectos sobre la salud física, sexual, reproductiva y mental, y destruye el tejido social de las comunidades. Las mujeres y las niñas se enfrentan a formas brutales de violencia sexual, y los grupos armados suelen controlar el acceso a los servicios médicos. La mayoría de las mujeres y niñas no buscan atención médica por miedo, estigmatización o inseguridad imperante. La destrucción de instalaciones sanitarias, el asesinato de trabajadores de la salud y las restricciones al acceso de la ayuda humanitaria dificultan aún más la asistencia vital a las supervivientes.
Comprometámonos a acabar con este flagelo, solidarizarnos con los supervivientes y reafirmar nuestro compromiso de proteger los hospitales y los establecimientos de salud durante los conflictos.”
António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas
La militarización de los hospitales: una amenaza para las instalaciones, el personal y los pacientes
Los ataques a instalaciones sanitarias en zonas de conflicto tienen consecuencias devastadoras para las mujeres embarazadas, lactantes y madres primerizas, incluida la cifra sin precedentes de mujeres y niñas que, según los informes, han muerto antes o durante el parto. Es crucial garantizar su seguridad, proporcionar una atención integral y apoyar a las supervivientes para evitar daños y marginación a largo plazo. Garantizar la seguridad de los hospitales en las zonas de conflicto es primordial para el bienestar de las sobrevivientes de violencia sexual y de las personas en situación de riesgo y para apoyar su búsqueda de justicia y reparación.
La utilización militar de hospitales amenaza la naturaleza civil de estas instituciones y expone a los pacientes y al personal médico a mayores riesgos.
El derecho internacional humanitario protege a los hospitales de los ataques y enfatiza los principios de distinción y proporcionalidad. La ayuda financiera debe dar prioridad a las respuestas centradas en los supervivientes en situaciones de conflicto, lo que incluye servicios integrales de asistencia, acceso a la justicia y reintegración socioeconómica.
Debemos garantizar un acceso seguro y equitativo a una educación inclusiva y de calidad, que incluya la alfabetización digital para todos.
Debe reforzarse la cooperación internacional para contrarrestar la creciente violencia sexual y de género, el acoso y la incitación al odio que se producen tanto fuera como dentro de Internet, ya que suponen una amenaza real para la democracia al debilitar la participación de las mujeres y las niñas en la sociedad.
Evento 2024
Ataques contra la atención sanitaria en zonas afectadas por conflictos: repercusiones para las supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos
De las 10 a las 12:30 h (hora de Nueva York)
Miércoles, 19 de junio de 2024
Salón de Conferencias 11, Sede de la ONU, Nueva York
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En conmemoración de la décima celebración oficial, el evento de este año está coorganizado por la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, la Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados y la Misión Permanente de Argentina ante las Naciones Unidas.
El evento servirá para solidarizarse con las personas supervivientes y así generar esperanza, conocimiento e inspiración mientras alzamos nuestras voces para acabar con las violaciones en las guerras: #EndRapeInWar.
Antecedentes
Definición y prevalencia
La «violencia sexual relacionada con los conflictos» abarca las violaciones, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y cualquier otro acto de grave violencia sexual contra mujeres, hombres o niños que tienen una vinculación directa o indirecta con un conflicto.
Una preocupación constante es que el miedo y el estigma cultural convergen para que la inmensa mayoría de los supervivientes de la violencia sexual relacionada con los conflictos no denuncien esa violencia. Los profesionales sobre el terreno estiman que por cada violación denunciada en relación con un conflicto, hay entre 10 y 20 casos que quedan sin documentar.
Resoluciones de la ONU
En junio de 2015, la Asamblea General proclamó, en su resolución A/RES/69/293, el 19 de junio Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de ponerle fin, honrar a las víctimas y los supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo y rendir homenaje a todos quienes han dedicado su vida con valentía a la lucha para erradicar estos delitos y han perdido la vida en esa empresa.
La fecha fue elegida para conmemorar la adopción de la resolución 1820 del Consejo de Seguridad, el 19 de junio de 2008, en la que el Consejo condenó la violencia sexual como táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz.
En respuesta al aumento del extremismo violento, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución S/RES/2331 (2016), la primera para abordar el nexo entre la trata de personas, la violencia sexual, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Reconociendo la violencia sexual como una táctica de terrorismo, afirmó además que las víctimas de la trata y la violencia sexual cometidas por grupos terroristas deberían ser elegibles para la reparación oficial que se concede a las víctimas del terrorismo.
