El presidente peruano, Martín Vizcarra, se afianzó el martes en el poder tras disolver el Congreso, en una medida apoyada por la cúpula militar, gobernadores y alcaldes, y rechazada por el propio Legislativo, que en respuesta juramentó como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.
El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política no se tradujo de momento en caos, donde la bolsa y el dólar se mantenían estables este martes y todas las actividades se desarrollaban normalmente.
El clima de tensión se centró en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía, con más restricciones de ingreso que las habituales.
A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a “actuar de acuerdo al orden constitucional y democrático”.
La cúpula empresarial acusó a Vizcarra de perpetrar una “violación de la Constitución y al sistema democrático”. Los líderes del Congreso también lo acusan de haber dado un “golpe de Estado”.
El lunes, tras conocerse la disolución del Congreso, varias manifestaciones coloridas y bulliciosas se celebraron en todo el país en respaldo a Vizcarra. Pero nadie salió a las calles a apoyar al Congreso, cuya actuación es rechazada por casi el 90% de la ciudadanía, según sondeos.
¿Dos presidentes?
Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un “autogolpe” y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. Ahora, en cambio, Vizcarra invocó la Constitución para dar este paso.
Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo, de acuerdo a la ley.
Los legisladores cesados no pueden postularse a la reelección y, de hecho, ya perdieron sus privilegios: el parlamentario Roberto Vieira no pudo abordar un vuelo a Estados Unidos este martes en el aeropuerto de Lima con su pasaporte oficial.
Vizcarra lanzó el domingo un ultimátum al Congreso advirtiéndole que lo disolvería si le negaba el lunes un voto de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, con lo que buscaba impedir que estuviera dominado por la oposición.
El Congreso hizo caso omiso y tras el decreto de disolución respondió aprobando la suspensión temporal de Vizcarra de la presidencia, como un primer paso para destituirlo, y designó en su lugar a Aráoz, quien se había distanciado del mandatario.
¿Qué puede pasar?
La decisión de Vizcarra ha dividido a los abogados constitucionalistas en Perú, mientras algunos han sostenido que el mandatario violó la Constitución al realizar una interpretación de la moción de confianza, otros han dicho que esa es una facultad de los actores políticos.
“La Constitución es interpretada no solo por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial o el Jurado Nacional de Elecciones. También es interpretada por los actores políticos y, en ese sentido, el presidente ha interpretado que si la cuestión de confianza se debatía después de la elección de los magistrados al TC, iba a considerar que se la estaban negando. Yo no creo que se trate de una infracción constitucional porque estamos en un terreno de interpretación que la Constitución deja libre”,sostuvo la abogada Gabriela Oporto a RPP.
“La regla jurídica dice que la confianza corre por un proceso de debate y de votos. Entonces, técnicamente, la confianza no llegó a ser negada ni otorgada (al momento de priorizar el debate sobre los candidatos del TC), pero en escenarios como ese, la interpretación no viene desde el Derecho, sino de una valoración de las circunstancias. La Constitución, finalmente, le permite ese poder de interpretación y decisión al presidente”, indicó el abogado de Luis Castillo a RPP.
En caso de que se acepte la disolución del Congreso, Vizcarra ya fijó las elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, apegándose al plazo que establece la Constitución.
Por su parte, la oposición en el Congreso que acusa un “golpe de Estado” por parte de Vizcarra inició la búsqueda para anular la disolución del legislativo, especialmente considerando que el mandatario tiene a su favor a las Fuerzas Armadas, la policía y a la mayoría de la opinión pública.
Aunque en un primer momento intentaron acudir a organismos internacionales, la respuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de pedir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, los obliga a tratar de hallar una solución a nivel interno.
“Tenemos una demanda competencial que se está redactando con una serie de fundamentos de hecho y derecho, para que el TC declare nulo, de pleno derecho, el dictado de disolución. Es absolutamente rebatible en tanto el presidente ha presentado una cuestión de confianza y él mismo la ha negado. Además ha presentado una resolución con su sola firma y cuando aún no había juramentado el nuevo primer ministro”, dijo el diputado de Peruanos por el Kambio y exaliado de Vizcarra, Salvador Heresi, a diario El Comercio de Perú.
