El vicepresidente Nicolás Maduro anunció ayer solemnemente la formación de una “comisión de la verdad”, para investigar, según un despacho de la agencia AFP, los “crímenes y asesinatos” políticos cometidos entre 1958 y la llegada al poder de Hugo Chávez.
Bienvenida sea esa comisión porque permitirá conocer tantos entuertos y complicidades de los actuales integrantes del Gobierno, de gobernadores y alcaldes, o de los integrantes oficialistas de la Asamblea Nacional, entre ellos, por sólo nombrar uno, el caso en el que participó un miembro de la Fuerza Aérea que ocupa muy orondo una curul sin que le roce la menor investigación sobre su cruel actuación.
Este oficial, hoy protegido por la inmunidad parlamentaria rojita, no tuvo duda ética alguna en bombardear una supuesta base guerrillera en Cantaura, en el oriente del país, que causó decenas de muertos, muchos de ellos jóvenes. Como bien sabe la señora Lídice Navas, activista de Bandera Roja para la época, que pronunció ayer un encendido discurso en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, el supuesto campamento guerrillero no era más que una reunión convocada por la alta dirección de Bandera Roja con sus militantes de base, la mayoría estudiantes, y ninguno de ellos experimentados en el uso de las armas ni mucho menos en las acciones de combate guerrillero.
¿Por qué Lídice Navas, militante que estuvo presa y torturada, oculta cínicamente lo que para cualquier militante de Bandera Roja de la época es un secreto a voces? ¿Por qué miente de esa manera? ¿Por qué cobija bajo el manto del silencio a un aviador militar que se ensañó con un grupo de jóvenes que ni siquiera sabían cómo desplazarse en las zonas montañosas ni mucho menos empuñar un fusil para defenderse de las fuerzas antiguerrilleras que operaban en la zona?
Da la impresión de que la famosa Comisión de Desaparecidos que ahora, luego de 14 años, se atreve a instaurar el gobierno bolivariano, trata más bien de ocultar los desaparecidos desde el lado de la violencia guerrillera. Pero por más que quieran no podrán ocultar que muchos combatientes fueron fusilados en las montañas precisamente por compañeros y militantes del partido de la señora Lídice Navas, y que sus restos permanecen enterrados en algún lugar inhóspito que sólo un reducido grupo conoce.
Está muy bien que a Noel Rodríguez se le rinda un homenaje por su valentía y su coraje al luchar por sus ideas, y que a sus torturadores se les abra un proceso que ha tardado demasiado en llegar. ¿Quién detuvo las investigaciones catorce años dentro del Gobierno, quién le puso tantos obstáculos, quién intentó negar hasta el final un crimen tan cruel e imperdonable en un régimen revolucionario?
Seguramente serán los mismos que hoy se niegan a buscar los restos de sus propios compañeros fusilados por la guerrilla, los de Conchita y de Miguel Salas, o los de Nicolás Beltrán, amigo por cierto de Lídice Navas en la UCV. /DO
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