«Esto no será un juicio, sino un paredón de fusilamiento». Así calificó ayer el dirigente opositor Leopoldo López el proceso que se le sigue, luego de que la jueza 28 de Juicio de Caracas, Susana Barreiros, rechazara la petición de sus abogados para que les permitiera llevar pruebas y testigos que demuestren su inocencia.
El ex alcalde de Chacao y exprecandidato presidencial tomó la palabra casi al finalizar la segunda sesión del debate oral y público para criticar la resolución de la funcionaria. «Esto es un juicio político (…) Soy un preso de conciencia, un preso del presidente Nicolás Maduro, quien me condenó previamente».
Barreiros rechazó permitir la inclusión de las pruebas que la defensa desea exponer en el juicio alegando que no era competencia de ella, pues es el Tribunal de Control el que durante la audiencia preliminar el que debe evaluar las pruebas y decidir cuáles son pertinentes y cuáles no.
Este pronunciamiento fue rechazado por el abogado Juan Carlos Gutiérrez, coordinador de la defensa del líder fundador de Voluntad Popular, quien replicó: «La jueza, según el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), es la rectora del proceso y puede corregir errores y garantizar derechos en cualquier momento. Ella podía subsanar la situación desequilibrio e injusticia actual, incorporando las pruebas que hemos presentado».
Tras aseverar que estaba a la espera de que la Sala 3 de la Corte de Apelaciones le diera la razón en su reclamo, el penalista anunció que estaba evaluando la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«El último recurso que nos queda es el TSJ mediante una petición de avocamiento (solicitud para que el TSJ asuma un caso por una flagrante violación de la ley), estamos evaluando esa posibilidad pero seguimos esperando el fallo de la Corte de Apelaciones en las próximas horas», dijo.
En horas de la noche de ayer, López y sus abogados sufrieron otro varapalo, pues la Corte desechó su recurso para conseguir que las pruebas que el Ministerio Público y la jueza 16 de Control de Caracas, Adriana López, les habían rechazado fueran admitidas. La instancia alegó que como los fiscales ya las habían rechazado no había nada que hacer, en clara contravención a la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que en reiteradas sentencias ha abierto las puertas para que pruebas no consideradas en un momento, puedan ser analizadas en los juicios.
La tercera sesión de este proceso quedó fijada para el 28, cuando se espera que comiencen a desfilar por el juzgado los testigos y expertos que el Ministerio Público ha promovido para demostrar que López y los cuatro estudiantes (Marcos Coello, Christian Holdack, Ángel González y Demián Martínez) son los responsables de los hechos de violencia ocurridos tras la marcha opositora del pasado 12 de febrero.
Los fiscales estiman que el juicio podía prolongarse hasta 2015. «Tenemos más de 75 pruebas y testigos y con la agenda única (sistema automatizado para fijar juicios) solo se pueden fijar audiencias cuando hay disponibilidad», relató uno de los investigadores.
Más custodiado que Makled
Como viene ocurriendo cada vez que Leopoldo López es llevado a los tribunales, el Palacio de Justicia de Caracas amaneció fuertemente custodiado. Todas las calles aledañas al recinto fueron cortadas por la Guardia Nacional Bolivariana, la cual colocó vehículos blindados que despliegan muros metálicos y además decenas de uniformados ataviados con equipos antimotines fueron movilizados.
Dentro de la sede judicial, el operativo también se dejó sentir. En el piso 1, cuatro militares impedían el paso a quienes querían acercarse a la sala de audiencias del lado norte, donde se viene desarrollando el proceso contra el opositor.
Frente a la sala varios militares más y efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), éstos últimos portando fusiles de asalto, estaban atentos a todo lo que ocurría.
Sin embargo, en el segundo piso el despliegue era menor. El pasillo hacia la sala de audiencias del lado norte estaba libre y apenas un alguacil y algunos agentes del Sebin se dejan ver, aún cuando en ese sitio estaba previsto que ayer continuara el juicio contra el presunto narcotraficante Walid Makled, sus tres hermanos y varios empleados por tráfico de drogas y sicariato.
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
