De alguna manera hay que recordarle tanto al señor Maduro como a sus ministros que no pueden ir por allí lanzando acusaciones a los cuatro vientos contra los ciudadanos o, lo que es peor, identificándolos como autores de asesinatos, atracos, secuestros y toda clase de delitos. Por muy presidente y sabihondo que sea, nunca puede estar por encima de la ley que establece claramente que ningún funcionario puede revelar lo que contiene un sumario que está en proceso. Esto constituye delito si quien lo hace es un funcionario, no así si quien airea el asunto es, por ejemplo, un comunicador social.
Esta advertencia va también con el mayor general Reverol, por ser el ministro que se ocupa de Interior, Justicia y Paz. Su cargo le exige colaborar en las investigaciones y respetar las actuaciones de la Fiscalía General de la República, que es el organismo competente de acuerdo con la Constitución.
Desde hace cierto tiempo hemos visto con estupor, en especial en los casos de las masacres cometidas en Barlovento y Cariaco por integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana, que el ministro Reverol se atribuye funciones que no le competen, como la de actuar como vocero de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General.
Esto no debe ser porque genera interpretaciones equivocadas entre los ciudadanos. En especial cuando lo que habla el ministro tiende a crear cierta opacidad y desconfianza ante los medios de comunicación al suministrar informaciones que luego son corregidas, como debe ser, por la Fiscalía General, que sí tiene el personal para adelantar las investigaciones con la exactitud y en los términos que exige la correcta instrucción del sumario.
Estos errores se han agravado en el caso de los violentos disturbios ocurridos en el estado Bolívar, a consecuencia de una serie de disparatadas declaraciones presidenciales que pusieron en grave peligro la vida de miles de personas, de sus pertenencias y del valor mismo del billete de cien bolívares, el de más alta denominación en Venezuela, que pasó de ser un billete reverenciado a convertirse, gracias al estropicio presidencial y a la genuflexión del Banco Central, en una suerte de papel apestoso y, para peor, prueba rotunda de un “delito” contra el tesoro público.
El errático comportamiento presidencial no le pareció grave al ministro Reverol, que inmediata y militarmente acusó “a la oposición venezolana de los disturbios generados”. Agregó que “habían sido detenidas 405 personas a raíz de los disturbios en todo el país”. Pero los periodistas decidieron esperar por las cifras más serias de la Fiscalía.
En efecto, de acuerdo con la agencia Efe, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, aclaró que habían sido detenidas 424 personas, –es decir, algo más que lo afirmado por el ministro Reverol– por los “hechos de violencia ocurridos en 9 estados, de los cuales 233 fueron inculpados por tribunales y 16 ya se encuentran en libertad plena”.
La fiscal, que es abogada egresada de la Universidad de Carabobo y doctora en Derecho Constitucional, hizo un llamado a la ciudadanía y los cuerpos de seguridad a mantener la “ponderación ante cualquier situación que se pueda presentar en el país”. Qué diferencia entre lo civil y lo militar.
Editorial de El Nacional
