Cuando en 1951, Hannah Arendt desentrañó las corrientes subterráneas en la historia europea que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario, lo definió así: «El totalitarismo es una forma de gobierno que reemplaza la política con la ideología» (Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Alianza Editorial, 2006), sin embargo, en el presente habría que renovar este enfoque ya que presenciamos nuevos modelos totalitarios sin ideologías que los sustenten. Anne Applebaum en “Autocracy, Inc.” (Anne Applebaum, Autocracy, Inc: The Dictators Who Want to Run the World, Allen Lane Publisher, 2024), en su ensayo sobre el funcionamiento de las autocracias modernas, argumenta que en el siglo XXI ha surgido un sistema de colaboración entre regímenes autoritarios desde distintos continentes, que cooperan entre sí de manera pragmática para mantenerse en el poder, enriquecer a sus élites y socavar a las democracias, una especie de «corporación global del autoritarismo». La autora indica que los autoritarismos actuales son adaptativos, flexibles, y están interconectados para amparar la corrupción sistémica en la que sus líderes controlan los recursos económicos, industrias clave y redes financieras internacionales legales e ilegales. El control de la información, la manipulación de medios, censura, desinformación, uso de métodos de propaganda común, tanto interna como externa es otro de los rasgos distintivos, a la par de la persecución de opositores, presos políticos, limitación de libertades civiles, eliminación intelectual y física de opositores. Entre los países citados en “Autocracy, Inc.», destacan: Rusia, China, Irán, Venezuela, Bielorrusia, Arabia Saudita, Catar, entre otros.
La crisis que socava a occidente, aparte de la ausencia de estadistas, es la inoperancia de los países democráticos en ponerse de acuerdo para combatir sus enemigos internos y externos, esto los ha llevado a convivir y relacionarse con autocracias y hasta con Estados forajidos como parte de sus esquemas “políticamente correctos”, sin tomar en cuenta que la normalización del modelo autoritario hace peligrar sus democracias. Cuando el autoritarismo deja de ser visto como una anomalía o excepción, se presenta como un modelo de gobierno «eficaz», «pragmático» o «necesario» para mantener el orden, los negocios, la seguridad y el desarrollo, debilitando la idea de que la democracia liberal es el único o el mejor sistema político legítimo. Se menciona el crecimiento económico de China como ejemplo de éxito autoritario, apoyado en la tendencia del relativismo político que esgrime el argumento de que «cada país tiene su propio modelo» y que los valores democráticos son «imposiciones extranjeras», provocando un «autoritarismo por demanda», ya que parte de la sociedad empieza a preferir líderes fuertes, autoritarios “que pongan orden”. Muchos regímenes mezclan apariencia democrática (elecciones, parlamentos) con prácticas autoritarias, lo que confunde a la opinión pública y desdibuja la frontera entre democracia y dictadura. Las potencias autoritarias se apoyan mutuamente, fortalecen su narrativa y promueven su legitimidad en organismos multilaterales, aunque se trate de regímenes antidemocráticos apoyados por estructuras corruptas de oligarquías financieras, como es el caso de la Rusia de Putin, a las que hay que añadir aquellas sustentadas por el crimen organizado, como es el caso del régimen venezolano.
A la ineficacia de la ONU en defender las democracias, se suman la inoperancia de la Corte Penal Internacional (CPI), pilar del sistema de justicia penal internacional, cuya función es juzgar a los autores de los crímenes internacionales más graves, ayudando a evitar que se vuelvan a perpetrar y haciendo justicia para las víctimas, sin embargo, casos como el del régimen chavista venezolano, que continúa cometiendo a diario crímenes de lesa humanidad con sobrada impunidad, sin que parezca que la CPI tome alguna resolución después de que el fiscal jefe Karim Khan, que conducía la investigación con notable retraso, renuncio por faltas éticas graves en lo interno de dicha institución, aparte de las sospechas de demoras a favor del régimen y ambigüedades como la de nombrar la jurista encargada de la defensa del régimen chavista a su cuñada.
Ante esta situación, es interesante lo que la ONG Acceso a la Justicia publica: “La crisis en la CPI pone en evidencia la fragilidad de la justicia penal internacional frente a presiones políticas y desafíos éticos internos. La legitimidad de la Corte depende no solo de su capacidad para investigar y sancionar crímenes internacionales, sino también de su integridad institucional y su transparencia en la gestión de denuncias internas. La investigación contra Khan debe ser un llamado a la reforma profunda de los mecanismos internos de la CPI para garantizar la independencia, la eficacia y la protección de quienes denuncian abusos (Acceso a la Justicia, Venezuela ante la salida temporal del fiscal de la CPI, 30/05/2025).
Los ciudadanos, que confiábamos en la misión asignada a instancias internacionales como la ONU, la OEA y la CPI, entre otras, para proteger las democracias y sus sistemas de justicia, presenciamos con estupor cómo estas se han convertido en “convidados de piedra” y cómo el conjunto de países democráticos se limita a declaraciones y comunicados inservibles ante la injusticia, la violencia y la impunidad que padecen los pueblos bajo las tiranías. Como dice Applebaum: “Los malos están ganando”. O reinventamos el accionar del orden y la justicia internacional o nos quebrantarán sin piedad.
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