Liliana Ortega sobre El Caracazo: «Han sido 36 años de trabajo por la injusticia»

La impunidad por la masacre del Caracazo tiene un efecto directo en la vulneración de derechos humanos en Venezuela. La sentencia emitida por la Corte Interamericana en 1999 determinó que para evitar la repetición de los crímenes cometidos en 1989 era fundamental que Venezuela tomara las siguientes acciones:

1. Identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda;
2.  Capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción.
3. Ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando medidas orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos;
4. Garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal.

Hasta hoy nadie ha sido condenado por esos hechos y tampoco se ha dado la apertura de juicio oral y público. En la actualidad, la impunidad por los hechos del Caracazo ha propiciado que se profundicen los patrones de violencia y de represión contra las personas, porque ninguno de los mecanismos que debieron haberse creado y consolidado para evitar repeticiones existe.