Liliana Ortega, abogada y directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic), conocidos como «El Caracazo», asegura que han sido 36 años de trabajo por la injusticia.

 

Luego de estas tres décadas de investigación y acción ante las instancias internacionales la activista  recuerda que hace 36 años, cuando el tema de los derechos humanos era muy incipiente en la sociedad venezolana, muy pocas voces tuvieron  el coraje de denunciar lo sucedido.

 

«En la actualidad todos esos hechos cuentan con el respaldo narrativo de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el reconocimiento de la comunidad nacional», precisa Ortega no sin antes indicar que la llamada «Masacre del Caracazo» es una fecha imposible de olvidar.

 

Caracazo, el origen de COFAVIC

 

El 27 de Febrero de 1989 fue un día, el primer día de semanas de uso desproporcionado, indiscriminado, letal, de la fuerza pública contra civiles. A esas semanas las conocemos en la historia venezolana como el Caracazo, y fue durante esos sucesos que las fundadoras de COFAVIC perdieron a sus seres queridos bajo el fuego de las armas del Estado.

 

En el Caracazo está el origen de COFAVIC, Comité de Familiares de Víctimas de Sucesos de Febrero y Marzo de 1989, organización no gubernamental fundada para buscar a los familiares desaparecidos y exigir justicia tanto para ellos, como para quienes fueron ejecutados extrajudicialmente por funcionarios del Estado durante esas semanas de horror.

¿Qué pasó en el Caracazo?

 

Lo sucedido en 1989 constituye el principal hito en la historia contemporánea de Venezuela, debido a la brutal represión que las fuerzas del Estado aplicaron contra la población civil y desarmada. Lo que convirtió al Caracazo en una tragedia fue la masacre realizada por los agentes de seguridad ciudadana, especialmente, durante los horarios de toque de queda decretados por el gobierno nacional. Disparos indiscriminados contra las viviendas, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, fueron practicados por las autoridades sin ningún tipo de respeto a la vida e integridad de las personas, y esto condujo a un número aún sin determinar de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

¿Qué pasó con las víctimas?

 

La represión del Estado desencadenada en febrero y marzo de 1989 propició que las familias de las víctimas coincidieran a las puertas de la morgue y hospitales públicos, lo que constituyó el germen de la fundación de nuestra ONG. Yris Medida, Maritza Romero, Hilda Páez y Aura Liscano fueron coincidiendo en los días posteriores al 27 y 28 de febrero de 1989, en diferentes espacios donde concurrían las familias de las víctimas en búsqueda de los cuerpos asesinados.

 

Por su parte, Liliana Ortega era una joven estudiante de Derecho que se unió como voluntaria a los grupos de apoyo a familiares de víctimas que buscaban respuestas. Así fue como coincidieron en la idea de crear un comité de familiares que pudiese ejercer presión colectiva ante el Estado para que este reconociera los excesos y propiciara la identificación y localización de los cadáveres.

¿Hubo justicia?

 

Las fundadoras de COFAVIC recorrieron todas las instancias de justicia nacional y decidieron entonces apelar a la justicia internacional, proceso en el cual recibieron el apoyo de la ONG internacional CEJIL. En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos cometidas entre el 27 de febrero y marzo de 1989.

 

Se trata de una sentencia en cuyos puntos resolutivos se encuentra una ruta fundamental para adecuar los planes operativos de control de orden público a los estándares internacionales, evitar el uso de las fuerzas militares para estas tareas, así como ofrecer justicia independiente y conclusiva en los casos de violaciones de los derechos humanos, está íntimamente ligado al deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

¿Cuál es el impacto del Caracazo en nuestro presente?

 

La impunidad por la masacre del Caracazo tiene un efecto directo en la vulneración de derechos humanos en Venezuela. La sentencia emitida por la Corte Interamericana en 1999 determinó que para evitar la repetición de los crímenes cometidos en 1989 era fundamental que Venezuela tomara las siguientes acciones:

 

  1. Identificar a los responsables tanto materiales como intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente según corresponda;
  2.  Capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción.
  3. Ajustar los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del orden público a las exigencias del respeto y protección de tales derechos, adoptando medidas orientadas a controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se produzcan excesos;
  4. Garantizar que, de ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y proporcionada, y con respeto al derecho a la vida y a la integridad personal.

 

Hasta hoy nadie ha sido condenado por esos hechos y tampoco se ha dado la apertura de juicio oral y público. En la actualidad, la impunidad por los hechos del Caracazo ha propiciado que se profundicen los patrones de violencia y de represión contra las personas, porque ninguno de los mecanismos que debieron haberse creado y consolidado para evitar repeticiones existe.

 

 

 

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