En la madrugada de este 22 de enero de 2026, se puso fin al encierro físico, aunque no a la persecución legal, de Rafael Tudares Bracho. El abogado y yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia, fue excarcelado tras pasar más de un año bajo una detención que organismos internacionales calificaron como arbitraria.
Su salida de prisión, sin embargo, llega con una «mordaza judicial»: un régimen de prohibición de declaraciones públicas que intenta silenciar el testimonio de quien fuera condenado a la pena máxima en un proceso carente de transparencia.
El origen del calvario: Un secuestro a plena luz del día
La tragedia judicial de Tudares comenzó el 7 de enero de 2025, en un episodio que marcó el inicio de la arremetida contra el entorno familiar del liderazgo democrático.
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La captura: Fue interceptado por sujetos encapuchados mientras cumplía con la rutina de llevar a sus hijos al colegio.
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Desaparición forzada: Durante gran parte de su reclusión, Tudares fue víctima de incomunicación absoluta. Sin fe de vida ni acceso a defensores privados, su paradero fue un enigma para su familia durante meses.
El juicio «clandestino» y la condena sin pruebas
El proceso culminó el 1 de diciembre de 2025 con una sentencia que conmocionó a la opinión jurídica internacional: 30 años de prisión por delitos de terrorismo, asociación para delinquir y conspiración.
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Audiencia maratónica: La condena se dictó tras una audiencia de más de 12 horas.
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Ausencia de evidencias: Mariana González, esposa del abogado, denunció sistemáticamente que no se presentó una sola prueba demostrable ni se permitió la comparecencia de testigos de la defensa.
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Extorsión política: La familia reveló que durante el año de cautiverio enfrentaron al menos tres intentos de extorsión, donde se pretendía canjear la libertad de Tudares por concesiones políticas del presidente electo.
La lucha por la libertad plena
Pese al alivio que supone el reencuentro familiar, el entorno de Tudares es enfático: la justicia aún no ha llegado.
«Seguiremos luchando por la libertad plena. Rafael es inocente; su único ‘delito’ fue ser parte de una familia que cree en la democracia. Este proceso fue una represalia directa y una toma de rehenes con fines políticos», puntualizó Mariana González tras la liberación.
