Había sido condenada a 98 meses de prisión, pero un juez en Ibagué le otorgó beneficios en su proceso penal. Víctimas, quienes eran captadas con ofertas de empleo falsas, eran vendidas por catálogos y en fiestas en lujosos yates, hoteles y fincas a turistas extranjeros.
Liliana del Carmen Campos Puello, alias “La Madame” encarna la peor de las pesadillas para cientos de jóvenes venezolanas que cayeron en su red de trata y prostitución. La proxeneta colombiana engañó a centenares de niñas y jóvenes venezolanas (y también colombianas) para consolidar un imperio criminal que se desplomó con su captura en 2018.
Este viernes, la proxeneta que con ofertas de empleo falsas captaba migrantes criollas, fue noticia nuevamente. La acusada de prostituir a más de 250 mujeres, entre ellas menores de edad, en la ciudad de Cartagena, fue dejada en libertad -este viernes- por la decisión de un juez en Ibagué.
A la mujer que purgaba su pena de prisión por 98 meses en la cárcel de Picaleña de Ibagué, estaba pagando su condena desde el 30 de julio de 2018, sin embargo, un juez le está otorgando la posibilidad de beneficios en su proceso penal.
Estas disposiciones estarían dadas bajo la orden del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Ibagué, quien a partir de este viernes, 26 de mayo, deja en libertad a la mujer que está imputada por la Fiscalía por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e introducción a la prostitución.
En 13 diligencias, las autoridades desmantelaron esa agrupación criminal catalogada como la más grande de explotación sexual en Cartagena, que sometió a todo tipo de vejámenes a por lo menos 250 menores en un año, quienes eran vendidas por catálogos y en fiestas en lujosos yates, hoteles y fincas a turistas extranjeros. Asimismo, la estructura tenía contactos internacionales de trata de blancas para enviar a las mujeres al exterior bajo engaño.
Se comprobó que su organización explotaba sexualmente a las chicas y la mayor parte de los recursos obtenidos (por ellas) eran tomados por la misma red, a título de cobro, por alojamiento y manutención. A muchas de ellas les ofrecían ser modelos y terminaron en sótanos, con mala alimentación y sin poder escapar porque les retenían los documentos.
Su historial delictivo se remonta al 2005, cuando fue deportada de los Estados Unidos, donde pagó dos años de prisión por tráfico de estupefacientes después de haber sido condenada en 2003.
Asimismo, el ente acusador aseguraba que el padre de la mujer, Enrique Campos Caballero, era el encargado de acoger, en dos casas ubicadas en el barrio Manga de Cartagena de Indias, a las menores explotadas, en una de ellas vivía el sujeto. “Además, informaba a su hija de los movimientos que tenían las mujeres”, se leía en el documento.
VF
