El diputado a la Asamblea Nacional, William Barrientos, catalogó como un crimen jurídico la aprobación de la Ley Habilitante, pasándose por la espalda la constitución nacional, cuyo objetivo fundamental es perseguir a la disidencia y tapar la grave crisis de hambre y miseria imperante en el país.
Expresó que la misma ley proviene de un hecho de corrupción, al comprarse a un diputado y violarse la dignidad parlamentaria al efectuarse una antejuicio al mérito amañado por parte del Tribunal Supremo de Justicia, el cual demuestra cada día que no existe independencia de los poderes.
«Se viola la inmunidad parlamentaria de la diputada Ana Mercedes Aranguren, cuando no era necesario que Nicolás Maduro tuviese esta ley, porque existen suficientes instrumentos jurídicos para atacar y resolver los problemas de la especulación, desabastecimientos, la inseguridad y la crisis médico asistencial, además de la serie de ladrones que a lo largo de 14 años desgobierno se han generado en el país», acotó.
El parlamentario nacional indicó que el mismo ministro Giordani señaló en el hemiciclo de la AN que se habían repartido más de 25 mil millardos de dólares a empresas fantasmas. «Todos sabemos los casos de corrupción de Pedeval, la compra de conciencias y la falta de poderes judiciales».
Hizo hincapié en que si existe uno o varios comerciantes incurriendo en ilícitos, para ello existe el debido proceso y la justicia, así como todo lo señalado por el Código Penal ante quien vulnera la ley.
«Todo lo hacen para maquillar la grave crisis del país. Los productos de la cesta básica ya ni existen y han acabado con todo el aparato productivo, existiendo más de 25 mil empresas cerradas. En enero y febrero se espera una escasez de todo. Esta es una medida populista, en la cual se cuenta con un Presidente que instiga al saqueo. Tiene ahora poderes supraconstitucionales en función de perseguir a la disidencia y tapar el robo compulsivo de estos 14 años», alegó.
Barrientos consideró que Venezuela vive una economía de puerto, pues todos se exporta, desbastándose a todas las fincas del Sur del Lago que surtían a la cesta alimentaria del país, por ello el costo es incalculable.
«El caso de Daka es una pelea entre mafias. Están involucrados sectores del chavismo. Unos se pelean con otros por la herencia dejada por Chávez. Nosotros no nos vamos a salir de la ruta democrática, pero le vamos a dar una paliza el 8 de diciembre, por donde no crece más la espalda. Eso no lo duden. Después vendrá una lucha por la redención de este país, por los derecho a la educación, salud, alimentación y a vivir en paz, tranquilidad y democracia», apuntó.
Descontrol en el control
Asimismo, el diputado al Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez), Eliseo Fermín, precisó que el Gobierno nacional lleva promulgadas 250 leyes a través de habilitantes y luego de 15 años de mandar en el país, dicen que van a luchar contra la corrupción con otra.
«Quienes otorgaban los dólares era el propio gobierno. Las medidas de Maduro es crear un control que va a controlar el organismo que controla el control de cambio. Los corruptos son ellos. Yo conminé al Presidente que convocara al consejo de ministros y los dejara a todos presos de una vez, porque la corrupción efectivamente está allí», añadió.
Fermín resaltó que ellos quieren luchar contra la corrupción mediante un acto de corrupción, al comprar al diputado suplente de Aranguren, destacando que «aprobaron una habilitante para distraernos. ¿Apareció la harina pan o la leche? Tenemos el primer síntoma de Zimbabue. Estamos en la más grave crisis de desabastecimiento posible. Ponga preso a quien le otorgó más dólares a Daka que a Empresas Polar».
Fuente: Nota de prensa