Un nuevo juego cerrado entre el Psuv y la MUD promete presentarse en la Asamblea Nacional con la Ley para la Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional en dos meses. Tiempo en el que aspiran sondear a todos los sectores involucrados con el fin de reactivar la economía del país. Al consultar a ambas bancadas se contradicen en su percepción sobre el origen de la crisis económica.
El diputado Omar Barboza, quien dirige la subcomisión encargada de elaborar el informe que irá a la segunda discusión, señala que hay consenso nacional sobre la aprobación de una ley de producción que instale las bases para que crezca la producción de bienes y servicios nacionales. Mientras que desde el Psuv lo rechazan por considerar que la crisis económica viene de la misma oposición y de la distribución que juega sobre la estabilidad del país.
Barboza opina que la distribución no es el origen del problema como lo han asegurado los voceros del Gobierno. “Creemos que el problema no es de distribución, sino que es de producción y que la verdadera ley anti cola que debemos aprobar y el Gobierno apoyar es ésta, porque lo único que puede acabar con las colas es que produzcamos más y para eso hace falta reglas claras que faciliten este proceso”.
Uno de los aspectos que Barboza considera importante incluir en la norma es que el certificado de producción no se deba renovar anualmente sino que pueda permanecer por varios años a menos que haya alguna modificación, también estima la designación de un consejo asesor con participación del Gobierno, Poder Legislativo, consumidores y productores que regule cuáles son los productos, las cantidades y en qué se debe importar para lograr un equilibrio.
Barboza, electo por Zulia, rechaza los argumentos del oficialismo quienes aseveran que se trata de “una ley privatizadora”. “Nos interesa que la empresa pública y la privada sean productivas, lo que no queremos es tener empresas públicas donde se gaste mucho dinero y no produzcan, queremos ver cómo hacemos para que tantas empresas que tiene el Estado se conviertan en eso y no que sean un barril sin fondo en gastos”.
El pasado 12 de abril inició la consulta pública con la asistencia de Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Fedeagro y Fedenaga, gremios que propusieron a los legisladores incluir el desmontaje de los controles de precios y cambio, así como la modificación del marco tributario.
“Es importante que el Estado pueda intervenir única y exclusivamente no para controlar la producción de bienes y servicios, sino para regular distorsiones y para promover la producción de bienes y servicios en el país (…) Es la única manera que tenemos para que el país en algún momento vuelva a tener los anaqueles llenos y para que volvamos a tener empleos estables con un salario digno”, indicó Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.
Mientras que a juicio del diputado Ramón Lobo, miembro de la Comisión de Finanzas, la esencia real es un proceso de privatización de las empresas nacionales, “todo orientado a apoderarse de medios de producción públicos”.
Señala que la oposición quiere generar un proceso de expropiación de empresas e infraestructuras que el Estado venezolano que “le ha entregado al pueblo organizado y que se han venido constituyendo como empresas de producción social su finalidad es entregar esto al sector privado”.
Sobre la baja producción de empresas como Fama de América, Lobo, afirma que “la derecha no dirá cuál es su objetivo, plantean la creación de una comisión que se abroga facultades que tiene el Ejecutivo”.
En tanto, el diputado Julio Borges, jefe de fracción de la MUD, rechazó este argumento de la bancada de Gobierno ante su negativa a la aprobación de la norma, asegurando que el Gobierno maneja actualmente “el 70% de la producción del café y no se consigue café en Venezuela sino se trae de afuera, maneja la mitad de la producción de harina de maíz y lo único que se consigue es la privada, maneja el 65% de la producción de azúcar y también lo estamos importando, igual con los granos, 55% es manejado por el Estado y también se están importando; el Gobierno tiene cerca de 300 empresas de alimentos y la mayoría no funcionan, lo que ha sido reconocido por el propio presidente Maduro”.
“Queremos que el país se apropie de esa ley de producción nacional como el modelo, el sistema económico en el que se privilegie lo hecho en Venezuela, la activación de la agricultura en Venezuela, la posibilidad de tener creación de empleo y marcas venezolanas y dejar de ser un país que todo lo compra afuera y que es dependiente de la producción de otros países”, comentó a PANORAMA.
Ante la posibilidad de aprobar el proyecto con la venia de ambas bancadas, tomando en cuenta que fortalecer la producción nacional, importar materia prima y no bienes terminados, son objetivos que tienen en común ambos bloques, Borges señala que “el Gobierno tiene un discurso de cambio económico supuestamente, pero lo que hace es seguir repitiendo los errores que nos han llevado a lo que tenemos hoy (…) el oficialismo es quien ha destruido la producción nacional son su sistema económico, ha expropiado más de 6.000 empresas, ha expropiado cerca de cuatro millones de hectáreas de tierras cultivables, hoy más que nunca somos más dependientes de lo que se compra afuera, no hay dólares».
Sus defensores aseguran que la consulta será “amplia” y que además de recibir el aporte de los gremios, cámaras de comercio, producción, industriales, mercados, escucharán a los trabajadores, consumidores y universidades.
El martes continuará en Caracas la consulta pública con el sondeo a pequeños y medianos empresarios, Anauco, Fefarven y la UCV.
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