La aprobación en primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional no ha traído certezas a las familias de los presos políticos. Por el contrario, expertos y defensores de derechos humanos denuncian un proceso viciado por la improvisación y la conveniencia política.
En entrevista para La Patilla, la abogada María Alejandra Macsotay Rauseo advirtió que el país enfrenta un escenario de absoluta incertidumbre jurídica, donde ni siquiera se conoce con precisión el texto aprobado en cámara.
1. Opacidad legislativa: ¿Qué se votó realmente?
Macsotay denunció una grave irregularidad en el procedimiento parlamentario. Según la especialista, el documento recibido por los diputados de la oposición no coincide con el que Jorge Arreaza difundió posteriormente en redes sociales.
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Sin discusión técnica: La votación se realizó sin un debate artículo por artículo.
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Inconsistencia: El texto divulgado a posteriori se limita a enumerar hitos políticos (2002, 2014, 2017), lo que imposibilita un análisis jurídico riguroso.
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Cita clave: “Si no sabemos qué dice realmente la ley, es imposible hacer una interpretación real sobre sus efectos”, afirmó la abogada.
2. La libertad no requiere una ley, sino voluntad política
Para la experta, es un error creer que la amnistía es la única llave de las celdas. Macsotay recordó que el Ejecutivo ha liberado a más de 400 personas recientemente sin necesidad de este instrumento.
Asimismo, aclaró que una amnistía no es un acto de «magia jurídica»:
“La amnistía es solo un mecanismo. Cada fiscal debe aplicarla caso por caso y solicitar la boleta de excarcelación según la situación procesal. No sabemos si esto acerca la libertad; todo depende de la ejecución”.
3. Exclusiones críticas: El caso de los militares
Uno de los puntos más alarmantes de la denuncia es la exclusión sistemática del sector castrense en las negociaciones. Macsotay señaló que el proyecto parece ignorar a los militares detenidos, a quienes calificó como los «verdaderos presos políticos» por el peso que representan para el sistema.
Denunció casos de detención ilegítima, como el del comandante Igbert Marín Chaparro, quien permanece tras las rejas a pesar de haber cumplido su condena. “Parece que hay niveles de interés político; no todos reciben el mismo trato”, acotó.
4. El peligro del «borrón y cuenta nueva»
La abogada alertó sobre una consecuencia colateral que podría blindar al régimen: al borrar el carácter delictivo de los hechos, la amnistía cierra la puerta a futuras indemnizaciones. * Si jurídicamente «no hubo delito», se dificulta exigir reparaciones por detenciones arbitrarias, torturas o errores judiciales.
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Para Macsotay, esto no busca la reconciliación, sino la supervivencia política y la mutación hacia un «chavismo light» bajo presión internacional.
5. Presión externa y urgencia
Finalmente, la celeridad del proceso y frases como «no tenemos mucho tiempo», pronunciadas por Jorge Rodríguez, confirman —según la abogada— que el cronograma no lo dicta Caracas, sino Washington. “Esto se está haciendo por presión del gobierno norteamericano. Las excarcelaciones fueron ordenadas desde afuera y tienen que cumplir lo exigido”, concluyó.