El coordinador de Prociudadanos reiteró que no podía ser inhabilitado por no ser funcionario público
Leocenis García, coordinador nacional de Prociudadanos, manifestó su descontento por ser inhabilitado para las elecciones del 21 de noviembre y dijo que pese a ello el movimiento político que dirige participará en el proceso electoral.
«El gobierno sigue creando acciones perpetradas contra mí. Pretende que la abstención les siga favoreciendo, atizonando la vía de la violencia que les ha servido para socavar cada día más la democracia. No hay otra bala más efectiva para asesinar el totalitarismo, que el voto. Tenemos el revólver de las elecciones y tenemos que disparar la bala del voto», dijo.
García señaló que en los últimos días, después que el CNE canceló su inscripción, solicitó el oficio de su inhabilitación, el cual le fue negado.
Aseguró que la misma solicitud le fue negada a los rectores de oposición Henrique Márquez y Roberto Picón.
En una nota de prensa, García afirmó que en las elecciones de 2020 denunció fraude y que presentó pruebas de 25.000 testigos.
Recalcó que tres meses después del proceso, consignó las pruebas al Secretario General de la OEA, Luis Almagro.
Dijo, que después de ese viaje, a su entrada a Venezuela le decomisaron la visa americana y el pasaporte por órdenes de Diosdado Cabello.
«García ha demostrado documentos y testimonios, que su inhabilitación no es producto del azar, al contrario está muy bien pensada», aseguró la nota de prensa.
Reseñó que en los últimos días, García mantuvo conversaciones con el Centro Cárter, la Unión Europea y la delegación de Michelle Bachelet que está en Venezuela.
Afirmó que también se reunió con Gerardo Blyde y Freddy Guevara.
Contraloría
«Mi proceso inhabilita a un ciudadano, por liderar la intención de voto opositor en Caracas, como lo dice la encuesta más consultada por el régimen venezolano, es decir la encuesta Hinterlaces», expresó García.
Y continuó: «Yo no soy inhabilitable, por Contraloría, porque no reúno los requisitos para que la Contraloría me pudiera inhabilitar, porque jamás fui funcionario público. A mí solo me puede inhabilitar el Tribunal Supremo de Justicia. Y yo no tengo sentencia condenatoria en ningún tribunal de la República».
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