La Corte Penal Internacional (CPI) ha dejado en claro que su misión es ofrecer justicia e intentar reparar a quienes han sido objeto de alguna de las graves violaciones a los derechos humanos previstas en el Estatuto de Roma, y que toda decisión que adopte en algún proceso tendrá en cuenta la opinión de este colectivo, indicó Acceso a la Justicia.
El auto aprobado el pasado 24 de agosto por la Sala de Apelaciones del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), ha convocado por segunda vez a las víctimas venezolanas de detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, persecución o asesinato para que le expongan al fiscal Karim Khan si consideran que no debe investigar los hechos ocurridos en el país, tal y como lo ha pedido la administración de Nicolás Maduro.
En la decisión emitida por la Sala se lee lo siguiente:
«Se ordena a la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) que recopile y transmita a la Sala de Apelaciones las alegaciones de cualquier víctima o grupo de víctimas interesados, con la asistencia de sus representantes legales si así lo desean, sobre la cuestión de si, en su opinión, la decisión del artículo 18(2) (del Estatuto) que permite la reanudación de la investigación por el Fiscal de la CPI debe ser confirmada, modificada o revocada en apelación».
La administración de Maduro considera injustificado que se le haya autorizado a la oficina del fiscal Khan a reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en Venezuela, en primer lugar porque sostiene que en el país se hayan producido crímenes de lesa humanidad sino abusos cometidos por unas cuantas individualidades.
También argumenta el chavismo que los excesos detectados son procesados por el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial y en tercer lugar cree que las investigaciones de la Fiscalía de la CPI forman parte de una campaña internacional, orquestada por Estados Unidos, que busca desplazarlo del poder.
En los próximos días se espera que la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas informe la forma en la que los interesados podrán exponer su opinión y los tiempos que tendrán para hacerlo.
Hasta ahora, el único lapso ya definido es que la Sección tendrá hasta el próximo 17 de octubre para presentar un informe a la Sala de Apelaciones, en el cual se condesen las opiniones de las víctimas que atiendan este nuevo llamado.
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