Al menos 2.000 personas han salido esta tarde por las calles de Estambul y de otras ciudades del país para visibilizar su rechazo al adiós turco a la salida de la convención que lleva por nombre esa misma ciudad. Este jueves, que además coincidía con el primer día sin toque de queda por el coronavirus, entraba en vigor la suspensión de la aplicación del pacto europeo por la violencia contra las mujeres y en el hogar, decretada por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan alegando que promueve la homosexualidad.
Una fuerte presencia policial bloqueó la calle Istiklal, la arteria comercial de la ciudad, para evitar el avance libre de la marcha, que no estaba prohibida. Un nutrido y ruidoso tapón de almas se congregaron saltando al son de eslóganes como «sin igualdad no hay justicia». El eje de la protesta era denunciar una violencia que en el pasado año segó la vida de 300 mujeres en el país, y que las autoridades se han propuesto atajar a su manera, al margen del texto que impulsó el Consejo de Europa. Al final de la marcha, cuando un grupo intentó avanzar frente a la barricada policial, el gas lacrimógeno irrumpió.
«Cada día vemos más violencia contra las mujeres sin que el Estado sea capaz de verlo», se queja Elif, una joven estudiante que, a diferencia de la mayoría de presentes, se manifiesta cubierta con un velo islámico, más propio de las multitudes que apoyan al Presidente. «Esta es nuestra lucha, un asunto que debemos resolver sólo entre nosotras», enfatiza, cuando se le pregunta por su opinión sobre la postura de la UE, que ha criticado duramente la decisión de Erdogan desde que se conoció, el pasado marzo.
La Convención de Estambul, forjada hace una década y con Turquía como primer firmante, caracteriza la violencia contra las mujeres como una violación de DDHH. Los países que la suscriben deben criminalizar delitos como la violencia psicológica, el acoso, la violencia sexual, los actos de naturaleza sexual sin consentimiento, la mutilación femenina, el matrimonio forzoso, el aborto forzoso y los mal llamados crímenes de honor.
Sin embargo, la cuestión más crítica para países como Turquía son las cláusulas que hacen referencia a la defensa de los derechos de las personas LGTBI -en realidad en la Convención sólo se establece la no discriminación por orientación sexual-. Aunque la postura de Erdogan ha virado a lo largo de su dilatada vida política, llegando a mostrarse favorable a la defensa de este colectivo, la pérdida de apoyo social en los últimos tiempos es, a ojos de la mayoría de analistas, una de las razones por las que ha tendido el brazo a los sectores más conservadores y, por ende, defender la salida de la Convención.
El pasado marzo, el portavoz presidencial, Fahrettin Altun, argumentó que la intención original del pacto, promover los derechos de las mujeres, había sido «secuestrada por un grupo de personas con la intención de normalizar la homosexualidad». El pasado domingo en Estambul, los antidisturbios cargaron con gas pimienta y balas plásticas contra un grupo de personas que intentaban celebrar la marcha del orgullo gay, antaño masiva y convertida en referencia para la región y desde hace un lustro prohibida totalmente.
Este jueves, después de aquello, Sinem, una maestra, aseguraba que «estamos aquí también por el colectivo LGTBI. A este paso caminamos hacia una dictadura, pero todo esto se acabará en algún momento». En la marcha asomaban algunas banderas arcoíris, perseguidas por unas autoridades que han puesto a los homosexuales en la mirilla, con el discurso de que su estilo de vida contradice las costumbres locales.
EL MUNDO
