Organizaciones sociales de la región colombiana del Catatumbo (noreste) criticaron este martes la respuesta del Estado a la crisis humanitaria que vive esa zona desde hace un año y reclamaron medidas urgentes para frenar la violencia guerrillera que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 desplazados.
«Desde noviembre de 2024 se había advertido sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, y nadie hizo nada. Al Gobierno (del presidente Gustavo Petro) le quedan siete meses y el pacto Catatumbo sigue sin empezar”, dijo Judith Maldonado, de la ONG Corporación PoderPaz.
Las críticas también vinieron desde sectores del oficialismo como la senadora del oficialista Pacto Histórico Clara López, quien aseguró que «el Estado no ha logrado una presencia efectiva en el Catatumbo».
Advirtió además que la violencia que atraviesa la región va más allá de la confrontación armada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las antiguas FARC.
«El Catatumbo no solo enfrenta una violencia armada, sino una violencia estructural. El error histórico ha sido responder con medidas fragmentadas a problemas que son profundamente estructurales», afirmó la congresista oficialista, quien pidió una intervención integral y sostenida del Estado.
El Gobierno se defiende
En representación del Gobierno, la consejera presidencial para las regiones, Luz María Múnera, defendió la gestión realizada en la zona con acciones como la declaratoria del estado de conmoción interior por Petro para atender la primera gran crisis del Catatumbo al inicio de su mandato.
Múnera cuestionó a sectores sociales por no respaldar al Ejecutivo cuando la Corte Constitucional tumbó los decretos de conmoción interior y sostuvo que existe una «utilización política» de la separación de poderes en decisiones que, a su juicio, deberían ser estrictamente jurídicas.
Finalmente, señaló que el Pacto por el Catatumbo no puede medirse en los tiempos del actual Gobierno y recalcó que se trata de una apuesta de largo plazo.
«No es un plan a seis meses ni a un año, es un proceso a diez años», afirmó.
Los cuestionamientos al Gobierno tuvieron lugar en el foro ‘Catatumbo en guerra: a un año de la crisis humanitaria’ realizado en Bogotá por la Fundación Vivamos Humanos, en el que participaron organizaciones sociales de esta región que desde el 16 de enero de 2025 son víctimas de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias del Frente 33.
Durante la jornada los voceros también indicaron que en la crisis humanitaria del Catatumbo se han registrado 84 ataques con drones y temen que en los próximos días ocurran atentados contra otros líderes sociales que han venido denunciando la situación de orden público en la zona. EFE
