Las economías más fuertes de América Latina, México, Brasil y Chile también son las que presentan las fuerzas políticas más establecidas, especialmente Chile, que junto a la mandataria Michelle Bachelet concreta reformas a menos de un año de haber asumido su segundo mandato y comienza el año con menos sorpresas que el resto de los países del sur del continente.
En este sentido, México y Brasil, seguidos de Argentina y Venezuela tienen delante un duro panorama, ya que todos ellos acumulan problemas y crisis diferentes que afectan con determinado hincapié a los sectores social, económico y político, tal y como ha publicado CPAL SOCIAL.
Una de las reformas más exitosas de Chile ha sido el proyecto que Bachelet envió al Parlamento el 20 de diciembre en favor del régimen laboral: “La demanda hoy es que haya trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo. Trabajo de calidad”, muy distinto a la Ley Pulpín que el Ejecutivo aprobó en Lima (Perú) durante el mismo mes y que menoscababa los derechos laborales para las personas de entre 18 y 24 años.
A comienzos del 2015, el Legislativo chileno concretó una reforma electoral que puso fin al sistema binominal establecido en el gobierno de Augusto Pinochet.
También en este año se ha aprobado en Chile otro proyecto de ley, el acuerdo de vida en pareja o pacto de unión civil, del mismo modo que se ha evidenciado un insistente intento de concretar un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una actitud que, tanto en Chile como en Colombia, ha plasmado un verdadero compromiso y preocupación por el cumplimiento de sus reformas abogando por la paz en ambos países.
MÉXICO, EN DEUDA CON LOS NORMALISTAS
México está pasando por un mal momento debido a los numerosos muertos y desaparecidos de formas similares en los estados de Guerrero y Veracruz, que son sólo una parte de la violencia que tiene lugar en el país y a la que el presidente Enrique Peña Nieto sigue sin poder dar respuestas jurídicas ni políticas para encaminar las regiones hacia una solución pacífica.
En el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) primero demoró en hacer las indagaciones y, cuando no le quedó más remedio por la presión pública, reveló la voluntad de resolver rápidamente lo sucedido, presentando unos supuestos sicarios y lugares de incineración sin evidencias contundentes.
Esta actitud ha supuesto una serie de errores precipitados, ya que cualquier evidencia física debe interpretarse con profesionalidad científica y no tomarse a la ligera para esclarecer las identidades de las víctimas.
Por ello, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha participado en las investigaciones, también ha criticado que la Procuraduría General de la República haya intentado forzarlos para que sus resultados coincidieran con los testimonios de los supuestos asesinos que mantienen la verdad del procurador Jesús Murillo Karam.
En palabras de los forenses, hay 200 desaparecidos en Iguala y aún no se ha detallado si los restos calcinados en dicho lugar se corresponden a la desaparición de los normalistas o a hechos anteriores.
Mientras tanto, el investigador veracruzano Alberto J. Olvera considera que la crisis que vive hoy su país es tan grave como la de 1994-1995, cuando México pasó por el asesinato del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el estallido de la guerrilla en Chiapas, y la macrodevaluación.
Olvera destaca que, ante la falta de respuesta oficial, los familiares de los desaparecidos han optado por radicalizarse, y ello los ha distanciado de organizaciones ciudadanas activas contra la violencia en el país. Cree que la ausencia de una sociedad civil densa y de medios de comunicación críticos permitirá que se afiance el poder del PRI en la Cámara de Diputados en junio.
CORRUPCIÓN Y LA INFLACIÓN MÁS ALTA EN 11 AÑOS
En tercer lugar se encuentra Brasil, cuyo incremento de la tarifa del transporte la primera semana de enero de 2015 –3,50 reales equivalentes a 1,2 dólares– desató las protestas de numerosos ciudadanos lideradas por el Movimiento Passe Livre –que surgió en 2006 en busca de un servicio de transporte gratuito–, sumándose así al descontento global por la inflación y la corrupción brasileños, aunque esta vez no tuvo lugar una violencia policial como la que se registró en 2013, cuando la misma tarifa ascendía a los 3,20 reales.
Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato a primeros de año y prometió ajustar las cuentas públicas, así como combatir la inflación y la corrupción y proveer de Internet veloz y barato a los habitantes del país.
En términos económicos, las proyecciones del Banco Central indican que el crecimiento del PIB en 2015 será de 0,2 por ciento, con una inflación de 6,4 por ciento, una cifra similar a la de 2014 que se mantuvo por debajo de 6,5 por ciento. Sin embargo, de acuerdo a una encuesta realizada por el mismo organismo a 100 economistas del mercado financiero en enero, el crecimiento de la economía será del cero por ciento y la inflación llegará a 7,15 por ciento, la más alta en 11 años.
La corrupción también tiene un papel importante en el país. En ese sentido destacan las pruebas de corrupción en el Partido de los Trabajadores durante el Gobierno de Lula, en 2005, en el que se dio una contabilidad paralela y una serie de pagos a políticos para orientar sus votos.
Otro caso más reciente es el que ha presentado evidencias de que la estatal Petrobras fue un canal para desviar dinero a políticos y empresas constructoras.
Algunas consecuencias de estas políticas corruptas han llevado a la cárcel a más de uno. El tesorero del partido en el poder, Delubio Soares, uno de los amigos más cercanos de Lula, fue preso, y este año, el actual tesorero Joao Vaccari, fue llevado a declarar a la Policía.
Entre las empresas constructoras involucradas en este caso figuran Odebrecht, Camargo Correa y OAS, contratistas de megaproyectos de infraestructura en Perú: varios de sus ejecutivos están también en prisión.
Además, el pasado febrero ganó la presidencia del Senado el parlamentario Eduardo Cunha, que en el primer periodo de Rousseff bloqueó algunas iniciativas gubernamentales. Según ha indicado el diario ‘El País’ Cunha podría decidir implantar una Comisión de Investigación del caso Petrobras e impedir una ley de medios pretendida por el Ejecutivo, una decisión discutible o no por el Parlamento.
En el ámbito social, Brasil sostenta el mayor número de asesinatos a activistas medioambientales, ya que, según la organización Global Witness, se registraron 448 asesinatos entre 2002 y 2013.
Fuente: BancayNegocios
