Varias razones adujo el Gobierno cuando, el domingo pasado, anunció que la Superintendencia de Precios Justos abrió un procedimiento a Farmatodo. La principal: que la cadena incurrió en irregularidades en la atención de los clientes.
Ese fue el argumento de Ernesto Villegas, jefe civil del Estado Mayor de la Batalla Económica en Caracas, a través de su cuenta de Twitter (@VillegasPoljakE).
Al respecto, añadió que “con solo permitir acceso al local y habilitar todas las cajas quedó disuelta la larga cola frente a Farmatodo Los Ilustres”.
Momentos después, Nicolás Maduro anunció la detención de los directivos de la cadena y recalcó, en tono de alguacil, que “tengo varios conspiradores presos en el Sebin (…) le pedí a la Fiscalía que acelere todos los cargos para que vayan bien presos”.
De acuerdo con el Presidente, los dueños de Farmatodo se dedicaban a “sabotear”, pues de 10 cajeras trabajan 3, y les reprochó que “como tienen bastantes tienditas por todo el país quieren mantener la sensación de las colas”.
“Sensación de colas”, dijo Maduro. Si se coteja el procedimiento con las palabras del jefe de Estado, se llega a la conclusión de que solo en Farmatodo hay tal problema.
Sin embargo, al menos en Puerto Ordaz, estado Bolívar, este lunes el asunto no era exclusividad de la privada Farmatodo. Por ejemplo, en el Abasto Bicentenario, de Alta Vista, una fila de compradores aguardaba, bajo el sol, para poder entrar a la tienda. Del Estado, por cierto. Y había colas.
Algo similar ocurrió en La Fuente de Villa Brasil, con una hilera de gente, también bajo el sol, aguardando para comprar productos por precios regulados. El supermercado fue expropiado hace cuatro años. Por tanto es hoy, lógicamente, del Estado. Y había colas.
Más tarde, en Pdval, avenida Guayana, lo mismo: gente arremolinada y ansiosa por comprar a precio justo. En un comercio del Estado. Y, también, había colas. Cosas de la cotidianidad venezolana.
Marcos David Valverde
Correo del Caroní
