Después de haber pasado 75 días a partir de la fecha en que se llevaron a cabo los comicios, desde las alturas del gobierno se da por un hecho que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto para un nuevo período. Basta para ello el anuncio del CNE, que se limitó a decir que había obtenido 51% de los votos, mientras Edmundo González alcanzaba 43%, sin mostrar las actas de los sufragios depositadas en los centros electorales. Un presidente sin votos, pero con botas.
Ante el rechazo y las protestas que generaron las cifras mostradas, Maduro introdujo un recurso de amparo solicitando un peritaje al Tribunal Supremo de Justicia, claramente alineado con el oficialismo, que fue llevado a cabo por la Sala Electoral. Como se esperaba, tales cifras, de nuevo sin desmenuzar, fueron corroboradas y publicadas en Gaceta Oficial, lo que, según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, bastaba para cumplir con los requisitos legales.
En la muy reciente respuesta de Rodríguez a una periodista, pasaba por alto lo dispuesto en el reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Allí se fija un plazo de treinta días para presentar los datos en forma desglosada, como lo indica el artículo 383 del referido reglamento de la siguiente forma: “El Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación para cargos ejecutivos deberá contener: 1. Total de electoras o electores inscritas e inscritos en el Registro Electoral de la circunscripción respectiva. 2. Total de votantes. 3. Total de Actas escrutadas. 4. Total de Actas faltantes. 5. Total de votos escrutados. 6. Total de votos válidos. 7. Total de votos nulos. 8. Total de votos de las candidatas y candidatos, por organización con fines políticos, grupo de electoras y electores, y por alianza, así como también por iniciativa propia. 9. Abstención”.
En este contexto no deja de ser extraño que en estos días el parlamento oficialista haya iniciado una discusión orientada a reformar nuestras normes electorales, dentro de la que se incluyen diversos partidos y organizaciones, que no representan, ni mucho menos, todo el espectro político nacional, con el objetivo de que sus modificaciones sean producto de un “gran consenso”. En verdad, un cabildeo conocido.
Debe quedar claro que no hay manera de ignorar las actas que recogió el movimiento que respaldaba a Edmundo González, ejerciendo el derecho a obtenerlas que tienen los testigos que acuden a los centros electorales en representación de los distintos candidatos y partidos. Las actas recogidas, más de 80% del total, muestran una realidad muy distinta: el candidato opositor obtuvo 67% de los sufragios y Nicolás Maduro 30%. Lo sabe el régimen, lo sabe la oposición, lo sabe el mundo.
No deja de asombrar el hecho de que se refuten los resultados arrojados por el sistema automatizado de votación, “el mejor del mundo”, como suele presumirse. El rechazo internacional respecto a los resultados generados por los comicios del 28 de julio ha seguido aumentando, presionando para que el CNE deje ver las cifras tal como lo establecen las normas electorales. Mientras tanto, no reconocen la legitimidad democrática de la reelección de Maduro.
El país sigue en vilo, en medio de una gran incertidumbre política que lógicamente agrava los problemas y dificultades que vienen sufriendo los venezolanos en todos los ámbitos por donde transcurre su vida. Aunque se adelante la Navidad por decreto oficial, el verdadero disfrute y el reencuentro de los venezolanos está suspendido. Como las leyes.
Editorial de El Nacional
