La mayor parte de vulneración de derechos se da contra las mujeres migrantes
Debido a que entre julio de 2022 y junio de 2023 la Personería de Bogotá, Colombia, atendió 2.509 peticiones de personas de nacionalidad venezolana y colombo-venezolana relacionadas con la garantía de sus derechos, el Ministerio Público Distrital, en alianza con la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, lanza la campaña lanzaron una nueva estrategia para combatir la xenofobia.
Es importante mencionar que, muchas de estas solicitudes están relacionadas a asuntos laborales y garantía del derecho a la salud.
La campaña para atacar estos problemas es ‘Somos Guardianes de los Derechos Refugiados y Migrantes’, la cual busca contrarrestar el fenómeno de la xenofobia y reconocer y visibilizar los aportes de las personas refugiadas y migrantes al crecimiento socioeconómico y la diversidad cultural en Bogotá.
La estrategia busca sumar a otras entidades gubernamentales y no gubernamentales de los sectores de salud, educación, seguridad, financiero y laboral, con el propósito de determinar las oportunidades de incidencia comunicativa y en atención que cada una de ellas realiza donde tiene incidencia la población migrante y refugiada en la transformación de imaginarios y prácticas que sostienen la desigualdad y discriminación de esta población, reseñó El Tiempo.
Problemáticas identificadas
– En el 2022 y en lo transcurrido de 2023, las peticiones relacionadas con asuntos laborales y garantía del derecho a la salud se encuentran entre los diez principales motivos de consulta de la población y corresponden 19% del total de solicitudes.
– Acoso laboral, discriminación en el trabajo o en el ejercicio de una actividad económica informal, búsqueda de empleo, negación del pago de salarios o prestaciones sociales, son las situaciones más frecuentes en las peticiones de asuntos laborales, de las cuales las mujeres formularon 53% de solicitudes.
– 88% de las mujeres entrevistadas manifiesta que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos básicos y los de las personas a su cargo. En ese sentido, 59% de las encuestadas informó que por falta de dinero ellas o sus familias tuvieron que dejar de consumir una o varias de las comidas principales uno o más días de la semana previa a la encuesta. Lo que es considerado como una amenaza a la seguridad alimentaria de las mujeres y la de sus familias.
– 78% manifiesta ser cuidadora o tener personas a su cargo, siendo una carga de trabajo no remunerado, que dificulta la inserción en el mercado laboral en condiciones dignas y un obstáculo en la obtención de medios de vida básicos.
Los migrantes ‘residen’ en las inmediaciones del terminal de transporte del barrio El Salitre, en Bogotá, uno de los puntos en los que existe mayor confluencia de migrantes que ingresan a la capital. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO
– En derecho a la salud, 82% de las mujeres extranjeras entrevistadas manifestaron estar afiliadas a entidades prestadoras de salud, sin embargo, las familias del 30% de las entrevistadas, no hacen parte del sistema de seguridad social en salud y 61% de las diagnosticadas con enfermedades como diabetes, obesidad, anemia o afecciones de tiroides no ha recibido tratamientos por parte del Estado.
– 19% manifestó haber estado en embarazo en los 2 últimos años; sin embargo, 45% solo accedió a menos de cuatro controles prenatales. Esta situación es preocupante ya que aumenta el riesgo de morbilidad materna extrema y mortalidad materna.
– 18% tiene atención anticonceptiva insatisfecha, sumado a que 32% de ellas no ha accedido a un control citológico en los últimos dos años.
– 16% de las encuestadas manifestó haber vivido, desde su llegada a Colombia, algún tipo de violencia: psicológica, emocional, sexual, económica o física, contempladas en la Ley 1257 de 2008.
– Al indagar por el tipo de agresor del que fueron víctimas, 36% manifestó que fue victimizada por una persona desconocida, 29% por empleadores o compañeros de trabajo; 29% por su pareja o expareja, 14% por integrantes de la fuerza pública y otro 14% por funcionarios(as) de entidades gubernamentales.
– El hecho de que actores estatales y empleadores(as) destaquen entre los principales agresores de las mujeres pone en evidencia los altos niveles de violencia institucional y de discriminación laboral a los que se enfrenta esta población que guardan relación con prejuicios xenofóbicos.
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