Sobre la nueva dinámica en torno a la negociación y el diálogo, Maryhen Jiménez, PhD en ciencias políticas de la Universidad de Oxford, señala que para EEUU es muy importante el aspecto político institucional de unas elecciones competitivas, así como de democratización. Por su parte, Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales, advierte que el gobierno de Maduro, nuevamente, solo parece estar dispuesto a acuerdos parciales
Tras casi un año en pausa, el proceso de negociación y diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la delegación de la Plataforma Unitaria entra en una nueva dinámica y se enmarca en la ruta de las elecciones presidenciales de 2024.
Esta fase 2023 tiene como motor importante los acercamientos entre la administración revolucionaria y el Gobierno de los EEUU. En los primeros días de octubre, Maduro y funcionarios del Gobierno de Joe Biden dieron cuenta de los acuerdos para deportar venezolanos y trasladarlos con el Plan Vuelta a la Patria, en lo que se evidencia como un nuevo acercamiento luego de la negociación bilateral de 2022.
De acuerdo con Reuters, las conversaciones en torno a la negociación entre funcionarios estadounidenses y venezolanos han avanzado y podría generarse un acuerdo sobre el alivio de sanciones, siempre y cuando el gobierno de Maduro reviva la Mesa de Negociación y Diálogo de México, que se ha realizado bajo la facilitación del Reino de Noruega.
En este punto, señala la versión, «pudiera permitirse al menos una empresa petrolera más que tome petróleo para cobrar su deuda».
Del lado opositor, las demandas siguen en pie: garantías para una elecciones libres, libertad para los presos políticos y el abordaje de la crisis migratoria que suma 7 millones.
¿Qué esperar de la nueva dinámica de negociación?
Maryhen Jiménez, PhD en ciencias políticas y Fellow en el Centro de América Latina de la Universidad de Oxford, expresa que lo que sabe es que las conversaciones están en marcha y que para Estados Unidos es muy importante el aspecto político institucional de unas elecciones competitivas de cara a 2024, así como un proceso de reinstitucionalización y de democratización del país.
«La información que tenemos del Gobierno estadounidense es que se insiste en una celebración de elecciones libres y competitivas: que se levanten las inhabilitaciones, que haya un proceso transparente de participación, el cese de la persecución y otros aspectos. El tema del interés político electoral del Gobierno de Estados Unidos en el proceso de negociación está muy presente», enfatiza Maryhen Jiménez.
En ese sentido, la investigadora señala que está por verse cuán flexible o inflexible serán los actores que tienen un interés en un proceso de apertura del régimen político en Venezuela: la transformación del conflicto hacia una democratización.
«Entonces digamos, hay que ver cuán flexibles o inflexibles van a ser los actores, llámese la oposición venezolana tradicional; los grupos que están interesados en producir un proceso de democratización y sus aliados que serían, entonces, los europeos, muchos países latinoamericanos y también el Gobierno de los Estados Unidos de cara a lo que el gobierno de Maduro estaría dispuesto a facilitar de aquí a 2024», asevera Jiménez.
Los vaivenes
Los avances para una nueva fase del diálogo y la negociación no están exentos de la propia dinámica del gobierno de Nicolás Maduro que, según sus objetivos e intereses, en diferentes momentos ha paralizado el proceso.
«No puede ser de otra manera. En el caso del régimen autoritario se ha mantenido en el poder a un costo altísimo para la sociedad, para la oposición, su principal interés es preservar, no ceder, el poder», acota Maryhen Jiménez.
La dinámica particular del gobierno quedó clara cuando se supeditó el diálogo a la situación del empresario colombiano Alex Saab, extraditado de Cabo Verde EEUU, y a quien la justicia de ese país relaciona con ilícitos con la administración venezolana. A Saab, el gobierno le otorgó un sobrevenido rol de diplomático en 2021.
Luego, en noviembre de 2022, el gobierno condicionó la continuación de la negociación al cumplimiento del Acuerdo Social por 3.200 millones de dólares.
En enero de 2023, Juan González, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que EEUU había advertido que liberar fondos sería un proceso complicado que tomaría tiempo. Del lado venezolano, se atribuye el retraso en el cumplimiento del Acuerdo Social al «bloqueo norteamericano».
Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y Diplomacia, enfatiza que «el gobierno de Maduro volvería a la negociación en Ciudad de México más como un trámite necesario para tratar de obtener concesiones por parte del gobierno estadounidense que por convencimiento de querer llegar a acuerdos con la oposición».
En este punto, añade que el gobierno utiliza la negociación como un recurso.
«El ámbito de lo conversado, durante este año, evidencia que el gobierno de Maduro no está dispuesto a negociar una resolución profunda del conflicto venezolano, sino únicamente posibles acuerdos parciales que hagan más probable conseguir su objetivo cortoplacista de retener el poder en la elección presidencial de 2024», puntualiza Mariano de Alba.
Asimismo, destaca que la otra cara de la moneda es que la oposición política también necesita la negociación por condiciones electorales: «Bajo las condiciones actuales, sus posibilidades de disputarle el poder al gobierno en las presidenciales de 2024 es baja».
De Alba expresa que el levantamiento de las inhabilitaciones ha sido una de las solicitudes de la oposición venezolana y mencionado por el gobierno estadounidense como un punto importante.
«Sin embargo, el gobierno de Maduro se ha mostrado reacio a considerarlo. Lo máximo que ha dicho en las conversaciones es que podría contemplar levantar algunas inhabilitaciones, lo que obviamente no es el escenario ideal», puntualiza.
El desafío opositor
«Evidentemente, en los procesos de negociación que hemos visto, el gobierno juega a su favor. Por eso, lo interesante es ver cómo los actores, si están interesados en producir un cambio, pueden generar una estructura de incentivo distinta para que ese proceso de apertura se pueda dar», destaca la investigadora Maryhen Jiménez.
Agrega que debido a que se han dado varios procesos de negociación, corresponde evaluar en qué se ha fallado, cómo ha llegado la oposición allí y qué puede ofrecer como incentivos para quienes están en el poder en aras de facilitar un proceso de apertura.
Enfatiza que ese «puente» debe ser construido por los opositores y sus aliados.
La investigadora de la Universidad de Oxford insta a la oposición a no desenfocarse y tener claro el objetivo: la apertura y un proceso de democratización. En este punto, insiste en que la tarea fundamental es tratar de construir una alternativa democrática que puede interesar a la sociedad y que sea avalada por sus aliados internacionales y se sustente en reglas institucionales y de resolución de conflictos.
«Desde la caída de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no se ha construido espacios para la estabilidad política de la oposición», indica.
Maryhen Jiménez destaca que deben ponerse las miradas en las presidenciales de 2024, pero esta meta no debe obviar que también en ese año deben elegirse alcaldes y gobernaciones, mientras que en el 2025 vienen las parlamentarias.
«Son espacios de poder importantes para los cuales, si la oposición quiere ser una opción viable y no desistir en la lucha que mantiene con el proceso de las primarias del 22 de octubre, tiene que construir esa coalición viable en el tiempo», concluye.
TC
