La denuncia de acoso sexual presentada contra Diego Cancino, actual presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ha desatado una ola de reacciones en el ámbito público. Lo que es importante resaltar es que estas denuncias fueron entregadas por Viviana Vargas Ávila, asesora del Ministerio del Interior, y que esta mujer es prima de Andrés Ávila, exdirector de la SAE en el gobierno de Iván Duque. Este vínculo familiar no solo aporta un contexto interesante, sino que también invita a cuestionar la dinámica de poder y la ética en la administración pública.
El Contenido de la Denuncia
La acusación sostiene que durante una reunión laboral, Diego Cancino cruzó límites personales, llevando la conversación a un territorio inapropiado. Vargas Ávila afirma que el funcionario intentó establecer contacto físico sin su consentimiento, lo que generó un ambiente de incomodidad. Sus denuncias están respaldadas por mensajes de texto donde Cancino reconoce su comportamiento inadecuado, aunque intenta justificarlo como un malentendido.
Respuesta de Diego Cancino
En respuesta a las acusaciones, Cancino ha manifestado su intención de colaborar con la investigación y ha expresado su lamento por cualquier comportamiento que pudiera haber resultado ofensivo. Sin embargo, su defensa se centra en la interpretación de los eventos, donde asegura que nunca tuvo la intención de acosar. Este enfoque ha sido cuestionado por aquellos que creen que, independientemente de las intenciones, los actos son lo que realmente importa en este contexto.
La Ética en el Servicio Público
El caso ha abierto un debate sobre la ética en el servicio público y la responsabilidad de los funcionarios en el trato hacia sus colegas. En una época donde el acoso sexual es un tema de discusión global, la forma en que Cancino maneje esta situación será crucial no solo para su carrera, sino también para la percepción pública de la administración bajo la presidencia de Gustavo Petro.
El caso de Diego Cancino no solo es una acusación de acoso sexual, sino también un reflejo de las dinámicas complejas en la política y el poder en Colombia. La conexión familiar de los denunciantes resalta la necesidad de una ética clara y la implementación de políticas que promuevan un ambiente de respeto en todas las esferas del servicio público. A medida que avanza la investigación, será vital observar cómo se desarrolla este caso y qué implicaciones tendrá para la cultura laboral en el país.
