Este miércoles el concesionario La Venezolana C.A. emitió un comunicado a la opinión publica sobre la fiscalización y ocupación de la empresa por presunta estafa. Aseguraron en que no se respetaron los canales que establece la constitución y las leyes.
«Estamos en la obligación de realizar nuestra defensa en los mismos términos y condiciones en que fuimos “sentenciados”, sin investigación ni juicio previo como lo establece la Constitución», indica el comunicado.
Además señala que sintieron que fue «irrespetada de manera flagrante la presunción de inocencia». El pasado 18 de mayo el Gobierno nacional informó la ocupación temporal de la persona jurídica Concesionario La Venezolana.
Lea el comunicado íntegro.
Nos dirigimos a la opinión publica nacional, debido a los precipitados y arbitrarios acontecimientos que se han desarrollado luego de la declaración oficial emitida en fecha 18 de mayo de 2014, por parte del Ciudadano Mayor General Hebert García Plaza, cuando afirmó que el negocio lícito emprendido por la persona jurídica legalmente constituida Concesionario La Venezolana, era una “estafa” a nuestros clientes; asegurando que, “el negocio ni siquiera estaba amarrado”.
Con todo el respeto que se merece el ciudadano Mayor General y Ministro de Estado del Ejecutivo Nacional, estamos en la obligación de realizar nuestra defensa en los mismos términos y condiciones en que fuimos “sentenciados”, sin investigación ni juicio previo como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siendo irrespetada de manera flagrante la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, y la igualdad ante la Ley, de la persona jurídica Concesionario La Venezolana C.A.; dejando a un lado lo consagrado en el Articulo 2 de la Constitución Nacional, donde se expresa la esencia de los principios que deben ser el norte de todo funcionario público que forma parte del Gobierno del Estado Venezolano: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
El día 16 de mayo de 2014 a las 10:30 am aproximadamente, se inició la fiscalización por parte del Órgano Superior de la Economía, para la verificación de los “precios” de los vehículos próximos a comercializar en el país, previo cumplimiento de los requisitos administrativos exigidos por la Ley; en dicha fiscalización se presentaron los documentos solicitados por parte de los entes que conformaban la inspección iniciada, específicamente los contratos originales firmados en la República Popular China con las personas jurídicas dueñas de las marcas Brilliance, Zotye y Kawei; contratos legítimos que convertían a la persona jurídica Concesionario La Venezolana en representantes exclusivos en Venezuela de las señaladas marcas; dichos documentos fueron entregados a un funcionario que se identificó como integrante del cuerpo de inspectores de la Presidencia de la República, así como las copias de las facturas pro forma de los vehículos adquiridos y se expusieron todas las condiciones del negocio; razón por la cual nos sorprendieron las declaraciones emitidas en el canal del Estado, Venezolana de Televisión, donde se afirmaba de manera contundente que la persona jurídica Concesionario La Venezolana había cometido una gran estafa a casi seis mil venezolanos, afirmación realizada luego de una fiscalización de doce horas, que terminó con la ocupación temporal de la empresa por parte de la Superintendencia de Precios Justos, dictada mediante providencia administrativa Nº MP/2014/8411, de fecha 16 de mayo de 2014, donde se daba inicio a una fiscalización más profunda para determinar si la empresa estaba cometiendo algún hecho que fuese en contra del ordenamiento jurídico vigente.
El 18 de mayo a las 11:30 am, luego de 12 horas de la ocupación temporal de la persona jurídica Concesionario La Venezolana C.A., fueron emitidas sendas declaraciones públicas donde se “sentenciaba” que el Concesionario La Venezolana, era una empresa que se encontraba al margen de la Ley; afirmación y sentencia difundida por los medios de comunicación del Estado, como Venezolana de Televisión, El Diario Vea, el portal de Noticias La Iguana TV, entre otros.
A partir de ese momento se inicio el calvario que atraviesa toda persona natural o jurídica que es señalada de manera pública por un Alto funcionario gubernamental, sin investigación previa ni juicio realizado conforme la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de haber cometido un delito; no se tomó en cuenta al condenar y sentenciar a la persona jurídica de manera sumaria, la estabilidad emocional de los empleados que conforman la plantilla de Concesionario La Venezolana, convirtiéndolos a todos en imputables, por el simple hecho de mantener una relación laboral con la empresa señalada de infractora de la Ley Penal.
Inmediatamente sin derecho a la defensa, debido proceso y presunción de inocencia, se ordena congelar todos las cuentas bancarias pertenecientes a la persona jurídica Concesionario La Venezolana, prohibición de enajenar y gravar, entre otras acciones que imposibilitan dar algún tipo de respuesta a nuestra clientela de ser exigido por éstos y el Estado Venezolano; se allanan las sedes de la empresa y se inicia una investigación penal, sin haberse obtenido conclusión alguna de la ocupación temporal ordenada por el ente que inicio el proceso de fiscalización.
-Concesionario La Venezolana es una empresa familiar que nació como razón social comercializadora de vehículos multimarca, actividad que permitió el crecimiento económico de la persona jurídica, para luego de la cesión de derechos de comercialización de la las marcas de vehículos Zotye, Brilliance y Kawei, iniciar el proyecto que se encontraba en marcha.
-Concesionario La Venezolana tiene efectivamente contratos firmado de exclusividad de las marcas Zotye (Contrato N° 2013LQ10210001Zotye; firmado en Shanghai China, en fecha 21/10/2013), Kawei (Contrato N° 20120927, firmado en Zhang Jiagang, R.P. China en fecha 27/09/2013) y Brilliance. (Contrato N° ALV131101, firmado en Shenyang China).
-Concesionario La Venezolana realizó la solicitud de la Licencia de Importación al ente correspondiente y se encontraba a la espera de la respuesta de dicha solicitud.
-Concesionario La Venezolana adquirió efectivamente vehículos de las marcas Zotye, Kawei y Brilliance, para satisfacer la demanda de nuestros clientes.
-Concesionario La Venezolana, nunca tuvo la intención de timar a los venezolanos que confiaron en nosotros.
-Concesionario La Venezolana esta dispuesto a asumir los errores cometidos y resarcir los daños ocasionados a nuestros clientes por el sobrevenido incumplimiento de contrato, si así es determinado por un Juez imparcial, mediante un juicio desarrollado con las garantías constitucionales a la que toda persona natural o jurídica tiene derecho.
-Concesionario La Venezolana exige se respete la integridad física y emocional de sus empleados, estabilidad emocional afectada por las actividades desarrolladas por los órganos del Estado, donde se ha llegado a amenazar la libertad personal de muchos como medida de presión, situación que contraviene los derechos humanos de nuestros empleados.
-Concesionario La Venezolana exige se honren los compromisos laborales con nuestros empleados, ya que en estos momentos no se cuenta con el manejo de los recursos monetarios para tal fin, por las medidas preventivas tomadas en contra de la persona jurídica Concesionario La Venezolana C.A.
-Concesionario La Venezolana hace un llamado a la Defensoría del Pueblo, para que solicite medidas de protección a favor de nuestros empleados y que estos no se vean afectados por las medidas tomadas por los órganos competentes que desarrollan la ocupación temporal y la investigación penal en curso.
-Concesionario La Venezolana reitera su enorme deseo de cumplir con nuestros clientes en los términos que las Leyes así lo determinen, a través del debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, garantías constitucionales que se nos ha violentado de manera flagrante.
Fuente: ÚN
