La infamante cifra que señala que 76 ciudadanos venezolanos fueron torturados durante el pasado mes de abril no es un fenómeno aislado. No se limita al momento terrible en que unas personas que protestaban para exigir la verificación de los resultados de las elecciones del 14 de abril fueron sometidas a vejaciones y violencia de distinto carácter. La forma masiva y sistemática en que ocurrieron los hechos denunciados deja claro que fue resultado de una decisión del más alto nivel. Una política del gobierno de Nicolás Maduro –su única política propia hasta la fecha– que consiste en desconocer los derechos políticos y castigar los cuerpos y la psique de quienes disienten.
Necesario es detenerse en el significado humano y social de la tortura. Los golpes al cuerpo de los detenidos, la aplicación de distintos instrumentos con el objetivo único de causar dolores extremos, el uso de una lengua que degrada la realidad de lo ocurrido y la integridad del sujeto detenido, el sometimiento a condiciones de hambre y falta de sueño, todas son formas de un mismo objetivo: el de quebrar la dignidad, la convicción del que piensa distinto. Que unos feroces funcionarios obliguen a los detenidos a cantar consignas a favor de la revolución bolivariana es semejante, no hay duda de ello, a las acciones de las bandas fascistas y nazis cuando obligaban a judíos y a otros ciudadanos a cantar, a viva voz, canciones de elogio a Mussolini o a Hitler. Los relatos de las víctimas venezolanas, recogidos por organizaciones no gubernamentales que trabajan en la defensa de los derechos humanos, revelan que esta es la revolución de los torturadores.
Un poder que impone políticas cuyo resultado es el desabastecimiento, el deterioro de la cultura de trabajo en el país, la destrucción de empresas y de fuentes de empleo digno. Un poder que persigue y despide a trabajadores por el mero hecho de querer un cambio para el país. Un poder que obliga a las familias a luchar para conseguir los alimentos básicos y los medicamentos que necesitan. Un poder que retrocede ante la delincuencia y entrega el espacio público a los delincuentes es un poder que tortura al país, a la sociedad en su conjunto.
Y cuando decimos que se entrega el país a los delincuentes ello incluye a los protagonistas de las acciones de tortura: los que la autorizaron, los que la ordenaron, los que la ejecutaron. Todos, sin excepción, son delincuentes. Todos tendrían que ser juzgados. Que los poderes públicos venezolanos no se pronuncien en relación a estas terribles denuncias es una evidencia más de su dependencia y sumisión al régimen. Sólo que en este caso la omisión y la complicidad están asociadas a delitos que tienen la categoría de universales e imprescriptibles.
Es decir, que tarde o temprano serán materia de un tribunal. Y que muy pronto la estructura entera de la banda dedicada a torturar y humillar a los ciudadanos perderá la impunidad que le otorga el régimen torturador venezolano.
Fuente: En
Editorial de El Nacional
