La soberanía popular es un principio fundamental que subyace en la legitimidad de cualquier gobierno democrático.
El concepto emana del poder del pueblo para decidir sobre su destino y ha sido central en el debate sobre la crisis política en Venezuela. Por esa razón, la propuesta del presidente de Brasil, Lula da Silva, de repetir las elecciones presidenciales ha sido recibida con escepticismo y rechazo. Como un intento de “lavarle la cara” al mandatario supuestamente reelecto en lo que se considera unos “resultados electorales amañados”. Un amaño de escándalo.
El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades desde el mismo establecimiento del cronograma y finalizó de la peor manera. La inexistencia de las actas electorales y la proclamación exprés de Maduro como presidente reelecto sin ningún tipo de soporte estadístico, sin realizar las auditorías de rigor, no han hecho más que socavar la ya escasa confianza en el CNE.
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, ha sido una de las voces más críticas frente a la idea de repetir las elecciones. Para la ganadora de las primarias de octubre del año pasado, esta propuesta es un insulto a la soberanía popular ya expresada por los venezolanos en las urnas el pasado 28 de julio.
Machado argumenta que la repetición de elecciones podría establecer un precedente peligroso, en el que los resultados se invalidan y se repiten hasta que sean satisfactorios para el régimen de turno. Este planteamiento cuestiona la esencia misma de la soberanía popular: si la voluntad del pueblo puede ser ignorada o manipulada, entonces el concepto de soberanía pierde su significado y valor.
El contexto en el que se desarrolló la elección presidencial en Venezuela es crucial para entender la complejidad de este debate. Los comicios se llevaron a cabo bajo un marco normativo impuesto por el régimen de Maduro acusado de prácticas autoritarias, lo que generó un ambiente de desconfianza y temor. A pesar de las advertencias sobre posibles fraudes, los ciudadanos venezolanos participaron en el proceso, confiando en la organización ciudadana y en su capacidad para ejercer su derecho al voto. Este acto de participación, en condiciones adversas, es una manifestación clara de soberanía popular que, según Machado, no puede ser violada.
En la desolada acera oficialista, Diosdado Cabello ha desestimado categóricamente la idea de una segunda vuelta o repetición del proceso porque la Constitución venezolana no lo establece. Su razón de fondo es que “Nicolás Maduro fue el ganador legítimo de las elecciones”. Una posición que busca minimizar las irregularidades y defender unos resultados inauditables desde cualquier punto de vista.
El dilema que enfrenta Venezuela no es simplemente una cuestión de repetir o no las elecciones, sino de cómo se interpreta y respeta la voluntad del pueblo. La soberanía popular debe ser el eje central en cualquier debate sobre la legitimidad electoral. Las actas en poder del CNE nunca han sido mostradas y han transcurrido tres semanas y no han dado respuesta al clamor de la ciudadanía.
El fraude cometido por Maduro y la cúpula que lo rodea es inocultable. Y no puede admitirse bajo ninguna circunstancia. Ante todo hay que honrar el principio de soberanía popular. Para que la democracia sea verdadera en su esencia y propósito.
Editorial de El Nacional
