La auditoría ordenada por en CNE es una maravilla, para el CNE. No encuentra errores, no se asombra ante los difuntos que se levantan de la tumba para marchar raudos a votar por el candidato del gobierno, no descubre ninguna irregularidad, ni la más mínima, y los números de la rectora Lucena quedan incólumes, inmaculados, volando hacia el cielo azul en cuerpo y alma.
¿El trabajo de las captahuellas? Perfecto, no se les coleó ningún vivo, mucho menos algún muerto taimado. ¿Las presiones que rodearon el acto electoral? Eso no es asunto de la auditoría, por supuesto. ¿Y el voto asistido? Tampoco, porque es una fantasía propia de mentes macabras y porque de lo que se ha tratado ahora es de convertir en verdad incuestionable la palabra de la rectora Lucena después del acto electoral.
¿Y la promesa hecha ante organismos internacionales sobre la realización de una investigación eficaz y suficiente acerca de lo que sucedió de veras con las elecciones presidenciales? Inventos de Maduro, lamentable gazapo de un aprendiz cuya palabra no es obligante para las rectoras de un organismo autosuficiente y libre de todo reproche.
Esa es, palabras más, palabras menos, la conclusión de algo llamado auditoría, de una operación que ha pretendido silenciar las dudas sobre un proceso caracterizado por las presiones evidentes, las zancadillas descaradas y las escandalosas cantidades de dinero que circularon sin máscara para garantizar la victoria de la revolución. Pero no puede existir un proceso tan perfecto, tan alejado de las irregularidades hasta el punto de garantizar de manera paladina que no existieron. Ni en las elecciones que se hacen en el seno de una blanca nube mientras votan los arcángeles y los querubines del Señor. Ni en la iglesia de los bienaventurados guiados por el Espíritu Santo. En ninguna parte del globo terráqueo, en suma. Venezuela es la excepción, no en balde maneja las elecciones un equipo irreprochable que encabezan unas rectoras impecables.
Nadie se cree esto, naturalmente. Al contrario, multiplica la desconfianza y pone el ojo en el hecho de que se ha vencido el plazo de las rectoras que se han atrevido a avalar unas conclusiones dignas de risa; obliga a mirar con mayor insistencia las decisiones de la Asamblea Nacional, que tiene la obligación de nombrar nuevas autoridades electorales.
En especial, clama por la rectificación de unos resultados avalados o “confirmados” de manera tan burda, tan grosera. Esa rectificación está en las manos del TSJ, cuyos magistrados se ha tomado demasiado tiempo para arrojar su veredicto. El asunto merece el estudio de los altos jueces, por supuesto, pero también su responsable celeridad. De otra manera, se va al tarro de la basura la confianza del pueblo en la única herramienta que tiene para hacer valer el principio de alternabilidad. ¿Así lo entienden también los magistrados? . /JM
Fuente: El Nacional
