La policía brasileña está metiendo el dedo en la tala. Tras algo más de dos años del ultraderechista Jair Bolsonaro en el poder, los incendios y la tala ilegal de árboles han hecho crecer exponencialmente la deforestación de la Amazonia ante la inacción del mandatario. Sin embargo, el paso dado por la policía federal al denunciar esta semana al ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, puede acabar revelando que el Gobierno no solo no hace nada para evitar la deforestación sino que actúa en complicidad criminal con los madereros. La reacción de Bolsonaro ha sido inmediata y ayer el jefe policial que presentó la denuncia fue destituido.
El director de la policía federal en el estado de Amazonas, Alexandre Saraiva, solicitó el miércoles a la Corte Suprema que investigue a Salles por obstruir inspecciones y actuar a favor de intereses privados. Saraiva fue ayer separado del cargo por el director general de la policía, Paulo Maiurino, persona de total confianza de Bolsonaro.
Los investigadores creen que el ministro de Bolsonaro actúa en connivencia con los madereros ilegales
Los agentes acusan al ministro del delito de “abogacía administrativa”, que consiste en “patrocinar, directa o indirectamente, intereses privados ante la administración pública”. Las fuerzas de seguridad creen que Salles obstaculizó “la acción fiscalizadora del poder público referente a cuestiones ambientales” y considera que forma parte de una “organización criminal orquestada por madereros” en el marco de la llamada operación Handroanthus, la mayor aprehensión de madera de la historia de Brasil.
En esta operación la policía incautó a finales del año pasado 200.000 metros cúbicos de madera correspondiente a 65.000 árboles, en varias intervenciones en embarcaderos y balsas que transportaban el producto por el río Mamuru. Los árboles habían sido talados en los estados de Pará y Amazonas y equivalen al cargamento de 10.000 camiones. Los traficantes de madera hubieran obtenido alrededor de 11,5 millones de euros por su venta.
La denuncia enviada al Supremo acusa a Salles de “abstenerse de ejercer su poder de policía ambiental” y de “patrocinar directamente intereses privados e ilegítimos”. Cuando se anunció la operación Handroanthus, Salles defendió públicamente a los empresarios investigados y aseguró que la madera incautada era legal.
Junto a Salles, la policía acusa al senador Telmário Mota del mismo delito. La denuncia elevada por el destituido Saraiva asegura que “consciente y voluntariamente” ambos políticos se aprovecharon de su “condición de funcionarios” para evitar las inspecciones y beneficiar a los madereros investigados.
Mota es senador por el estado amazónico de Roraima por el Partido Republicano de Orden Social (PROS). Actualmente es bolsonarista pero ha pasado por distintos partidos –incluso de izquierda– y ya está siendo investigado por el Supremo, junto a otros senadores, por malversación de fondos públicos destinados al combate de la pandemia.
Según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), la deforestación de la Amazonia brasileña fue en el 2020 de 8.426 kilómetros cuadrados, algo menor que en el 2019 –el primer año de la gestión de Bolsonaro–, cuando se batió el récord histórico, con 9.178 kilómetros cuadrados de selva arrasados.
Esta cifra casi duplica el promedio de la destrucción sufrida por el pulmón verde del planeta entre el 2016 y el 2018, que fue de 4.845 kilómetros cuadrados al año, según el Observatorio del Clima, red que agrupa a medio centenar de organizaciones ecologistas y que el año pasado calificó en un comunicado de “inmoral” a Salles y al Gobierno brasileño por su restrictiva propuesta de meta de emisiones para el Acuerdo de París.
La Vanguardia
