Una encuesta desarrollada por el Observatorio Venezolano de la Violencia y la ONG Paz Activa determinó que la gran mayoría de los habitantes del país (85%), independientemente de su filiación política, cree que el delito organizado desestabiliza la democracia.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre junio y julio con una muestra de 600 entrevistados, todos mayores de 17 años de edad y residentes de ciudades grandes y medianas de todos los estados del país. El financiamiento del proyecto corrió por cuenta de la Unión Europea.
Una de las principales conclusiones es que las decisiones del Estado venezolano son las que han propiciado mayoritariamente el surgimiento de mercados ilícitos y, por tanto, han ocasionado una diversificación del delito organizado.
En las cercanías del hogar las actividades ilegales más importantes son la venta y consumo de drogas (lícitas e ilícitas). Luego los encuestados identifican a la venta con sobreprecio de los productos regulados (61%), las invasiones (41%) y la venta de celulares robados (39%). Los comercios de armas y municiones, aunque con pequeños porcentajes (20%), también figuran en la lista. 60% de las personas que participó en el sondeo dijo creer que los funcionarios públicos están implicados en el origen de mercados ilegales.
Drogas y sicariato. 61% de los encuestados afirmó que conseguir drogas en los alrededores de su propia comunidad es fácil o muy fácil. Esto confirma la percepción sobre la disponibilidad actual de sustancias ilícitas en las ciudades el país. Al respecto, otro de los ponentes, Marcos Tarre Briceño, afirmó que las drogas en Venezuela son tan abundantes que su precio en las calles es el mismo que el reportado en Colombia.
42% de la muestra considera que conseguir un arma de fuego es muy fácil o fácil, aun cuando desde hace dos años hay una campaña nacional por el desarme. Y 36% dijo que mandar a matar a alguien, es decir, contratar a un sicario, tiene igual grado de facilidad.
Centros del delito. Las cárceles, que deberían ser los centros para la rehabilitación y reinserción de los que han infringido la ley, son percibidas por la mayoría de la población (58%) como lugares en los que se gesta el delito organizado. Le siguen los tribunales de justicia (41%).
Una de las conclusiones del sondeo se refiere a que la población mantiene un alto grado de desconfianza hacia los cuerpos de seguridad. 56% de los entrevistados dijo creer que los policías están, en alguna medida, implicados en actividades ilícitas. Igual porcentaje afirmó que ayudar a los agentes trae peligros.
“¿Cómo puede funcionar un cuerpo de seguridad con esta desconfianza? Se instaló en el imaginario popular un temor muy grande”, expresó el sociólogo Roberto Briceño León, director del OVV. Además, 52% de los encuestados cree que los militares están implicados en el tráfico de drogas.
Aclaró que estos porcentajes no son consecuencia de escándalos como el hallazgo de 1,3 toneladas de droga en un vuelo que salió de Maiquetía a París, toda vez que el trabajo de campo se llevó a cabo antes de que ocurriera este caso. Es producto de un proceso en el que la gente percibe un deterioro cada vez más pronunciado de los cuerpos de seguridad, según Briceño.
Las policías que suscitan más desconfianza por considerarlas muy implicadas en el crimen organizado son las estatales (39%). Luego están las municipales (36%) y por último la nacional (31%). Briceño destacó que este último organismo ya figura en la lista de los involucrados en corrupción, a pesar de que sus agentes tienen muy poco tiempo en las calles.
El director del OVV advirtió que para la mayoría de la población el delito organizado no sólo socava la democracia del país, sino que además ocasiona una mayor victimización.
Aunque parezca contradictorio, los encuestados creen que para combatir al delito organizado no sirven fórmulas de negociación como la aplicada con las pandillas salvadoreñas, conocidas como maras. Lo adecuado, según el 53% de la muestra, es crear cuerpos especializados. Otra importante porción cree necesario sacar a más policías.
Peor que México
Marcos Tarre, coautor del libro Estado delincuente, afirmó que 20,99% de los homicidios reportados en el país durante 2011 son atribuibles al delito organizado. Ese mismo año, la cifra para México fue de 13,6%. Observa que a pesar del escándalo que suscita la violencia mexicana, en Venezuela el crimen organizado asesina más.
Advierte sobre la inacción por parte del Ministerio Público en cuanto al ataque de las actividades del delito organizado. Dijo que en 2010 hubo 17.590 expedientes por posesión de drogas y sólo 32 por tráfico de drogas.
Las Cifras
31% de la muestra afirma que el Gobierno no hace nada para combatir al delito organizado en el país. 42% dice que es poco lo realizado.
29% de los encuestados dice saber de algún caso en el que agentes policiales están implicados en delitos organizados. 53% dijo desconocerlo.
Fuente: EN
