Un grupo de diputados chilenos de oposición presentaron este martes una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el marco del estallido social.
El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.
Carmen Hertz, diputada del Partido Comunista, afirmó que la acusación constitucional contra Piñera responde a «las graves, reiteradas, generalizadas y sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales de las personas ejecutadas por agentes del Estado» desde que el 18 de octubre se agudizaron las protestas en Chile.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado.
Hertz añadió que los abusos de la Policía y las Fuerzas Armadas en las protestas han «infringido claramente la Constitución y las leyes» e hizo un llamado a terminar con la «impunidad política, moral y social» que, en su opinión, ha espoleado las manifestaciones, algunas muy violentas con saqueos e incendios.
El estallido social ha dejado al menos 23 muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes- y 2.381 heridos hospitalizados, de los cuales 222 tienen graves lesiones oculares, según el último informe del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El diputado socialista Jaime Naranjo admitió que la acusación constitucional probablemente no tiene el respaldo suficiente para prosperar en el Congreso, aunque resaltó que servirá para que Piñera y los próximos presidentes de Chile sepan que el «nunca más» a las violaciones de los derechos humanos «llegó para quedarse».
Tomás Hirsch, del Partido Humanista, una de las formaciones del Frente Amplio, destacó que en el último mes se han registrado en el país violaciones a los derechos humanos que «son inaceptables y jamás habríamos esperado vivir en democracia».
«Hay un imperativo ético para esta acusación constitucional y cada diputado tendrá que tomar una decisión, si va a estar del lado de la protección y garantía de los derechos humanos en nuestro país o si va a estar protegiendo a quien lo ha violado de manera brutal y sistemática», manifestó.
El 30 de octubre pasado, la oposición presentó otra acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, el político a cargo de las medidas de orden y seguridad durante los primeros días del estallido, en los que se decretó el estado de emergencia y toques de queda en buena parte del país.
EFE
