La enviada especial de la ONU para Birmania (Myanmar), Noeleen Heyzer, se reunió este miércoles con el jefe de la junta militar que gobierna el país, el general Min Aung Hlaing, y le exigió el cese de la violencia y la liberación de todos los presos políticos.
Heyzer, que efectúa su primera visita a Birmania desde que fue nombrada el pasado octubre, trasladó a Hlaing medidas para tratar de abordar la grave crisis que vive el país, según explicó Naciones Unidas en un comunicado.
«Mi visita es para trasladar la preocupación de Naciones Unidas y para proponer pasos concretos necesarios para reducir el conflicto y el sufrimiento de la gente», señaló la diplomática en la nota.
En ese sentido, dijo que todo progreso depende del «fin de la violencia y de una mejora visible y significativa» de la vida de los birmanos.
Además, Heyzer reiteró la condena por parte de la ONU a las recientes ejecuciones de varios activistas pro democracia acusados de «actos terroristas» y pidió «una moratoria a todas las futuras ejecuciones».
También volvió a exigir, como lleva haciendo Naciones Unidas desde el golpe de estado de febrero del año pasado, la liberación de todos los prisioneros políticos y puso sobre la mesa el caso concreto del economista australiano Sean Turnell, asesor de la líder depuesta Aung San Suu Kyi.
Heyzer reiteró su solicitud para poder reunirse con la exmandataria, detenida durante el golpe, y expresó preocupación por su estado de salud.
«Quiero tener la oportunidad de encontrarme con ella cuanto antes porque me preocupo por ella personalmente y creo que es un acto clave para mi diálogo con todas las partes», señaló.
Heyzer dejó claro que su reunión con el líder de la junta militar, aislada internacionalmente excepto por las relaciones que mantiene con China, Rusia e Irán, no supone darle ningún tipo de «legitimidad» y recalcó que los birmanos «tienen derecho a la democracia y a la libre determinación».
La ONU dijo que el encuentro con Hlaing forma parte de sus esfuerzos para impulsar un retorno pacífico a un Gobierno civil y para tratar de mejorar la situación de la población y aseguró que el general se mostró de acuerdo en continuar con «conversaciones francas» para buscar soluciones.
El Ejército tomó el poder con la excusa de un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020, que ganó con abrumadora mayoría el partido de Suu Kyi con el aval de los observadores internacionales.
Desde entonces, el país vive devastado por las consecuencias económicas, sociales y políticas del golpe, incluido un empeoramiento del conflicto entre el Ejército y las guerrillas étnicas y nuevas milicias civiles creadas tras el alzamiento militar.
Al menos 2.189 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, según los datos recabados por la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que habla también de más de 12.000 detenciones.
EFE
