La incorporación de nuevas «pruebas» por parte de la Fiscalía General de la República, a pocas horas de realizarse la audiencia para el antejuicio de mérito al diputado Richard Mardo (PJ), fue la causa esgrimida ayer en la mañana por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para decidir el diferimiento del acto, que quedó pautado para el 25 de junio próximo.
Entre las «pruebas» que presentó a las 4:30 de la tarde del lunes la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, está un informe de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), donde se señala que Mardo «no recibió reportes de actividades sospechosas» de legitimación de capitales y que no ha recibido ni enviado transferencias en moneda extranjera a través de alguna institución financiera en el período 2002-2013.
Según explicó el abogado de Mardo, Jesús Loreto, también la fiscal consignó los movimientos bancarios del diputado, «que dan cuenta que las pruebas presentadas por el diputado Pedro Carreño y Diosdado Cabello son falsas».
Recordó que Carreño denunció la existencia de un cheque a nombre de Mardo por Bs. 107.000, pero que «se comprobó que fue forjado», ya que el beneficiario real del mismo sería una compañía.
Además, el parlamentario oficialista había denunciado una transferencia que supuestamente había recibido Mardo por Bs. 200.000, pero -según el abogado-, el dinero no se los transfirieron, sino él lo transfirió. Por otra parte, un depósito de Bs. 1.000.000, proviene del cierre de una cuenta de Mardo «con los ahorros de toda su vida», y luego fue depositado en otro banco. Es decir, el dinero era suyo.
Loreto señala que en vista que las pruebas presentadas por la Fiscalía favorecen a Mardo esta «debe solicitar el sobreseimiento», no obstante, las conclusiones del Ministerio Público en el documento que presentó el lunes, señalan que hay indicios para presumir que el diputado ha incurrido en el delito de legitimación de capitales, pero que «debe investigarse con mayor acuciosidad».
Por su parte, Mardo se preguntó cómo se pudo llegar a este punto de fijar una audiencia (de antejuicio de mérito) «sin antes revisar si las pruebas eran chimbas».
Añadió que él es funcionario público a partir del 5 de enero de 2011 cuando fue juramentado en la Asamblea Nacional. «Nunca antes he tenido cargo de elección popular ni he manejado un solo bolívar de fondos públicos. Quieren colocarme contra la pared porque hemos liderado un movimiento importante de ayudas sociales en el estado Aragua», indicó.
Hasta el TSJ acudieron un grupo de diputados y compañeros de Mardo a respaldarlo. Dentro del Tribunal, funcionarios de seguridad negaron el acceso a la antesala a los parlamentarios. Hubo un forcejeo entre los vigilantes con la diputada María Corina Machado y fuerte intercambio verbal con Alfonso Marquina. Ante la protesta, los dejaron entrar.
Fuente: EU
