Advierte Director de la Cámara de Caracas
El Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas se pronunció sobre la nueva reforma de la ley de costos y precios justos. Al respecto señaló que “medidas de fuerza y represivas aplicadas a la economía no van a lograr otra cosa que el aceleramiento del deterioro, el fortalecimiento de los mercados negros y una caída de la producción nacional, porque la exacerbación de los controles solo provocan más distorsiones y espantan el ánimo inversionista. Estas medidas efectistas las pagamos todos con peores condiciones de vida”.
El gobierno tiene años aplicando medidas de fuerza y vías de hecho para encarar la ficción de una guerra económica que solo está en las cabezas de los que la inventaron. Tenemos años soportando confiscaciones, expropiaciones y violaciones al derecho de propiedad que esta ley lleva a niveles extravagantes. Medidas como las que contiene la nueva versión de la vieja ley hacen que en Venezuela la actividad más peligrosa sea la de los comerciantes, quienes se encuentran indefensos frente al funcionario que se presenta en la empresa con el poder de hacer desaparecer instantáneamente el esfuerzo emprendedor. “La gente sufre los errores económico del gobierno en forma de desempleo y empobrecimiento. Las guerras que el gobierno emprende contra las empresas tienen como víctimas a los más pobres que no consiguen oportunidades de trabajo y sufren mucho más violentamente los costos de oportunidad de conseguir los productos que necesita. Un pobre no tiene tiempo de hacer cola, porque o hace la cola o trabaja para poder comer”.
No hay economía que funcione bien sin el respeto por los derechos de propiedad y sin que el gobierno garantice condiciones de libre mercado. Los países que así lo hacen no tienen ni inflación ni sus habitantes sufren la escasez que experimentamos los venezolanos. Aquí, por el contrario, el gobierno ha instrumentado la economía del socialismo del siglo XXI, intoxicada de controles, absolutamente arbitraria, patrocinadora de la competencia desleal ejercida desde el gobierno, inexplicable en su lógica de control de cambios, autoritaria en el manejo logístico de la distribución y extraordinariamente ineficiente en el manejo de las empresas públicas. Todo eso ha provocado el saldo de una economía envilecida cuyos efectos más perversos los pagan las clases modestas del país y los sectores más vulnerables de la población.
Con la nueva ley el gobierno pretende extender su ámbito de control “incluso a las ofertas privadas que se hacen a través de las redes sociales”. La pretensión del control total de la economía no ha funcionado en ninguna época. A juicio del director de la Cámara de Caracas “si en lugar de transformar las obsesiones ideológicas en estrategias represivas el gobierno dedicara sus esfuerzos a garantizar la prosperidad de los venezolanos otras serían las medidas y otros los resultados”. La causa de la debacle económica del país está precisamente en una política económica errada y en esa manifiesta indisposición contra el sector privado.
¿Qué sentido tiene perseguir a la empresa privada en momentos de crisis de abastecimiento y de inflación acelerada? La empresa privada puede operar a duras penas. Ha sufrido la cesación de pagos a sus proveedores porque el gobierno no honró el compromiso de liquidar divisas y aprobadas. La empresa privada ha perdido el crédito de suministros porque no hay reglas claras y estables. La empresa privada no puede producir nacionalmente porque no tiene insumos, ni materias primas, ni posibilidad de reponer activos y tampoco contar con asesoría externa para hacer mantenimiento. Pero tampoco cuenta con suministro confiable de energía eléctrica ni con la seguridad ciudadana suficiente para garantizar la integridad de sus trabajadores y bienes. Esas son las cosas que hay que resolver porque “¿acaso el gobierno cree que sin empresa privada va a mejorar las condiciones económicas del país?”
Todos los venezolanos sabemos que la inflación es sobre todas las cosas el producto de la indisciplina fiscal y la irresponsabilidad sistemática ejercida al imprimir moneda que no tiene contrapartida productiva y de reservas. Todos los venezolanos saben que la escasez es el resultado de la parálisis productiva provocada por un estado que no quiere dejar trabajar a la empresa privada. Todos los venezolanos saben que tesis como “la guerra económica” y otras teorías paranoicas de la conspiración son intentos políticos de evadir la responsabilidad que el gobierno tiene en estos resultados. “Porque la verdad es que este modelo económico solo esta sumando fracasos y miseria y llegó la hora de que cada quien asuma su responsabilidad porque el tiempo de las excusas se acabó”.
Recordó Maldonado que los 30,6 millones de venezolanos que aun vivimos aquí necesitamos contar con 30 mil toneladas de alimentos diarios. Casi un millón de toneladas al mes, que el gobierno ni deja producir, ni permite importar. Vivimos al día, con inventarios muy bajos, y eso no se va a solucionar persiguiendo a los empresarios de Quinta Crespo, porque cada vez que el gobierno viola los derechos de propiedad de los comerciantes está asegurando más precariedad económica y más dificultades para el corto plazo. “Se impone sindéresis y sensatez. La economía venezolana, la más enferma del mundo, no soporta más manoseos políticos, ni más populismos irresponsables. Requiere una intervención urgente para establecer prioridades productivas y facilitar la salida de la crisis en la que ahora se encuentra”.
