Misión Internacional Independiente para Determinación de los Hechos sobre Venezuela es liderada por Marta Valiñas (centro)
Dice el canciller de Nicolás Maduro, Carlos Faría, que si Estados Unidos se preocupara por los derechos humanos en Venezuela levantaría las sanciones y no andaría promoviendo informes “panfletarios” que señalan directamente a su jefe de ordenar violaciones y torturas. Se olvida el funcionario de que hay pruebas fehacientes de que Miraflores trata con la Casa Blanca los temas que realmente le interesan, como la liberación de los sobrinos, y que hay fuertes rumores de que tratan de conseguir permiso para que ciertas empresas petroleras operen nuevamente los pozos venezolanos, ¿qué más quiere?
Lo que pasa es que hay algo que está fuera de su control (incluso de Estados Unidos), aparentemente. Hay 39 países en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que han expresado su disposición de apoyar la renovación de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que el canciller insiste en que lo que busca es “opacar la colaboración” que Nicolás Maduro mantiene con la Oficina del Alto Comisionado.
Esto es casi un chiste. Para el que lea noticias se debe haber encontrado con una que contradice por completo al funcionario: por sexta vez se difirió la audiencia preliminar del caso de Juan Pablo Pernalete, un joven asesinado en 2017 en una manifestación en contra del gobierno chavista. Los culpables siguen libres gracias a un sistema de justicia corrupto y al servicio del Ejecutivo; casualmente lo que dice el último informe de la Misión es que las órdenes de apresar, torturar y matar vienen de lo más alto del poder.
Esta semana se debe decidir por votación en el consejo si se le extiende el mandato a la Misión. La propuesta la presentaron Brasil, Canadá, Chile, Guatemala y Ecuador y la apoyan muchos otros países, no solo del continente americano, porque el mundo entero se ha enterado de los horrores de los que han sido capaces Maduro y su gobierno para aplastar por completo a la oposición y atornillarse en el poder. Lo que les asusta es que estos crímenes no prescriben; si hay pruebas, como las ha conseguido la Misión a través de 471 entrevistas con testigos y víctimas, serán juzgados y tarde o temprano, tengan el rango que tengan, serán sentenciados.
Quizás sea entonces cuando los padres de Juan Pablo Pernalete y los de muchos otros jóvenes, los familiares de tantas víctimas y los que han sido torturados pero salieron con vida, podrán sentir que se hizo justicia. El cinismo del gobierno chavista ha demostrado ser a prueba de todo, pero este párrafo del informe de la Misión no les debe gustar nada: “Fuertes palizas con bates y objetos punzocortantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas… violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad constante; calor extremo o frío extremo; alimentación forzada de heces y vómito; y amenazas de muerte y amenazas de violación a las víctimas y sus familiares”.
Pero hay más, de acuerdo con Marta Valiñas, la directora de la Misión, si les renuevan el mandato, evaluarían las limitaciones del “espacio democrático en el contexto previo a las elecciones de 2024”. Así que lo que salga de estas observaciones seguramente servirá para desenmascarar una vez más a los chavistas.
Editorial de El Nacional
