La Justicia argentina exigió este martes al Gobierno del presidente Javier Milei a ejecutar la ley de emergencia en discapacidad que fortalece el apoyo para ese sector, cuya aplicación fue puesta en suspenso por el Ejecutivo a pesar de haber sido aprobada y ratificada por el Congreso.
El juez federal Adrián González Charvay advirtió al Gobierno que la ley «deberá estar en plena ejecución» el próximo 4 de febrero y lo intimó a acreditar «el avance de los trámites» para el cumplimiento de la resolución.
La ley de emergencia en discapacidad obliga al Gobierno argentino a garantizar la financiación adecuada de las pensiones con discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.
La norma que vetó Milei sobre discapacidad
La norma se aprobó en julio por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto presidencial, que luego rechazó el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla.
No obstante, la norma nunca se aplicó por el Ejecutivo, bajo el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector.
Fallo apelado
La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que apeló el Ejecutivo.
En la resolución de este martes, el magistrado Charvay indicó que, habiendo transcurrido 30 días desde aquel recurso de apelación presentado por el Gobierno, «la ley en trato deberá estar en plena ejecución» en un plazo de cinco días, «sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva el Superior».
El Gobierno intentó derogar la norma a finales del mes pasado a través del Presupuesto 2026, algo que bloqueó nuevamente por el Congreso, que modificó el proyecto de presupuesto inicialmente propuesto por el Ejecutivo para quitar ese capítulo, que buscaba derogar además una ley que obliga a aumentar los fondos para las universidades públicas. EFE
