El gobierno de Joe Biden prohibió el lunes a los fiscales federales de Estados Unidos usar órdenes o citaciones judiciales para identificar las fuentes de los periodistas, después de que se revelaran esfuerzos de esa naturaleza bajo el expresidente Donald Trump.
“El Departamento de Justicia ya no utilizará el proceso legal obligatorio con el fin de obtener información o registros de miembros de los medios de comunicación relacionados con sus actividades de recopilación de noticias”, escribió el fiscal general, Merrick Garland, en una directiva a los fiscales federales.
La nueva norma también aplica para la difusión de información clasificada, precisó, lo cual representa un gran cambio exigido durante años por las asociaciones que defienden la libertad de prensa.
Los fiscales, sin embargo, conservan el uso de su arsenal legal contra los sospechosos de ser la fuente de filtraciones de información confidencial.
La directiva prevé algunas excepciones: si hay sospechas de que el periodista haya cometido un acto ilegal, por ejemplo, tráfico de información privilegiada, o ha utilizado un método prohibido, como la intrusión en sistemas protegidos; o si es para evitar la comisión de un hecho grave, como secuestros o atentados.
Para asegurarse de que la medida perdure en el tiempo, Garland solicitó a sus servicios que revisen todas las normas relacionadas con los periodistas con el fin de promover la aprobación de una ley en el Congreso.
Este cambio se produce luego de la revelación de una batalla legal librada en secreto por la administración Trump para obtener los correos electrónicos de los reporteros del New York Times con el fin de identificar sus fuentes.
La cadena CNN también informó que el gobierno del expresidente republicano había buscado y obtenido en secreto los registros telefónicos y de correo electrónico de sus corresponsales.
Tres meses en prisión
En Estados Unidos, la filtración de información confidencial es ilegal según la Ley de Espionaje de 1917.
Hasta ahora, los fiscales federales podían emitir órdenes judiciales, especialmente con compañías telefónicas o gigantes tecnológicos, para rastrear el origen de las filtraciones, o incluso acusar o arrestar a periodistas para identificar a sus perpetradores.
Todos los gobiernos, republicanos y demócratas por igual, han recurrido a estas armas legales.
El caso más emblemático es el de la periodista Judith Miller quien, en 2005, pasó casi tres meses en prisión porque no quiso revelar sus fuentes, en un caso de divulgación de la identidad de un policía de la CIA.
Después de un escándalo en 2013, la administración demócrata de Barack Obama creó nuevas reglas e impuso la necesidad de obtener luz verde de altos funcionarios del Departamento de Justicia para cualquier mandato contra periodistas, pero sin renunciar a la práctica.
Nada más llegar a la Casa Blanca en 2017, Trump intensificó los esfuerzos para castigar a los responsables de las filtraciones, calificados de “traidores”.
En 2018 la justicia confiscó la correspondencia electrónica entre una periodista del New York Times y un exjefe del Comité de Inteligencia del Senado con quien tenía una relación sentimental y que le había comunicado información confidencial.
“Período critico”
A principios de junio, la administración de Biden anunció su intención de renunciar a estas herramientas coercitivas.
“Convocar a periodistas en relación con investigaciones sobre filtraciones políticas no concuerda con la orientación política del presidente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
El lunes, las asociaciones de periodistas saludaron el anuncio de Garland.
Se trata de “una medida necesaria e importante para proteger la libertad de prensa durante un período crítico”, estimó en particular el grupo Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa.
“Esta nueva política histórica permitirá a los periodistas hacer su trabajo de informar al público sin tener que temer una intromisión del gobierno federal en su relación con sus fuentes”, agregó la asociación.
