El Tribunal Superior de Londres declaró este viernes ilegal la prohibición el pasado julio por parte del Gobierno británico del grupo activista propalestino Palestine Action y su consideración como «terrorista», al entender que fue una decisión «desproporcionada».
Los tres jueces del Superior, presididos por Victoria Sharp, señalaron en su dictamen que, si bien el grupo fundado en 2020 utiliza «métodos delictivos» para llevar a cabo sus protestas, sus tácticas no alcanzan el baremo establecido en la ley para poder ser considerados terroristas.
De acuerdo con la corte, el Estado ya tiene herramientas legales para abordar cualquier delito cometido por la entidad, cuya misión declarada es boicotear a cualquier empresa u organismo que colabore o apoye al que consideran el gobierno «genocida» de Israel.
El Gobierno británico recurrirá el fallo
El Gobierno británico ya ha anunciado que recurrirá el fallo de la corte londinense.
En un comunicado, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, puntualizó que el tribunal reconoce en su dictamen que Palestine Action «ha llevado a cabo actos de terrorismo, celebrado a quienes han participado en esos actos y promovido el uso de la violencia».
También destacó que- según la propia corte- el colectivo «no es un grupo ordinario de protesta o desobediencia civil» y que sus acciones «no son coherentes con los valores democráticos y el Estado de derecho».
«Por esas razones, estoy decepcionada por la decisión del tribunal y discrepo de la idea de que prohibir esta organización terrorista sea desproporcionado», sentenció la titular de Interior, quien defendió que la proscripción fue fruto de un proceso «riguroso y basado en pruebas», refrendado por el Parlamento.
Una prohibición polémica
El Gobierno ilegalizó a Palestine Action el 5 de julio de 2025, después de que miembros de la red vandalizaran aviones de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Brize Norton (sureste de Inglaterra).
Dijeron entonces que su acción era en protesta porque el Reino Unido estaba participando en la guerra en Gaza con el envío de material y permitiendo que esa base concreta fuera utilizada por aviones isralíes y estadounidenses para repostar combustible, una acusación que el Gobierno negó.
Poco después de la ilegalización del grupo, Huda Ammori, cofundadora de la organización, recurrió la decisión adoptada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, que incluía al grupo en la lista de organizaciones prohibidas en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000.
La medida convirtió en delito la pertenencia o el apoyo al colectivo, castigado con penas de hasta 14 años de prisión.
Más de 2.700 detenidos
Desde la entrada en vigor de la prohibición, más de 2.700 personas han sido detenidas en el Reino Unido por su respaldo a Palestine Action, muchas de ellas adultos mayores arrestados por el simple hecho de llevar una pancarta expresando su apoyo.
En una vista celebrada en noviembre, el equipo legal de Ammori sostuvo ante el tribunal que la proscripción debía ser anulada, al argumentar que el grupo actuaba dentro de una «tradición honorable» de acción directa y desobediencia civil antes de su inclusión en la lista de organizaciones vetadas.
Por su parte, los abogados del Ministerio del Interior defendieron que la proscripción había logrado el objetivo de «interrumpir el patrón de conducta escalatoria» del grupo y subrayaron que la medida no había impedido las protestas en favor del pueblo palestino ni contra las acciones de Israel en Gaza. EFE