Julio De Vido, ministro de obras públicas durante 12 años, está investigado por presuntas irregularidades en la entrega de subsidios al transporte
Julio De Vido fue uno de los hombres más poderosos del kirchnerismo. El único que ocupó un ministerio, siempre el mismo, desde el primer día de gobierno de Néstor Kirchner, el 25 de mayo de 2003, hasta el último de Cristina Fernández, el 10 de diciembre de 2015. Dejó su cargo para convertirse, sin escalas, en diputado por el Frente para la Victoria (FPV), el partido de Kirchner. Como ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios tuvo a su cargo durante 12 años el reparto de todas las inversiones del Estado en infraestructura. Fue poderoso, muy poderoso, pero hoy su suerte ha cambiado. Un juez lo procesó el lunes en una causa que investiga el presunto reparto irregular de subsidios al transporte, con un perjuicio para el Estado de 600 millones de pesos (35,3 millones de dólares). Fue el cuarto procesamiento en su contra, luego de una semana en la que el Congreso discutió si debe votar su expulsión por “inhabilidad moral”. De Vido no es candidato, pero su eventual prisión puede ser un duro golpe para la candidatura de Cristina Kirchner en las legislativas de octubre.
Desde los primeros meses de gobierno, Néstor Kirchner ideó un sistema de subsidios al transporte de pasajeros con el objetivo de mantener congelado el precio de los boletos. El sistema repartió dinero público de acuerdo a la cantidad de kilómetros recorridos por los buses y la cantidad de pasajeros, datos que cada empresa aportaba al ministerio de De Vido bajo la forma de una declaración jurada. En 2014 se implementó el boleto electrónico y los buses fueron equipados con GPS, un sistema de control automático que puso fin a las declaraciones juradas.
Fue ahí cuando comenzaron los problemas. La justicia comparó los datos previos y posteriores a la automatización y encontró diferencias a favor de las empresas de hasta 50%. Muchos transportistas mintieron en sus declaraciones y cobraron subsidios de por 600 millones de pesos, de los cuales 200 millones correspondieron al combustible. El juez consideró ahora que hay pruebas suficientes para sospechar que De Vido y otros funcionarios bajo su órbita, como el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, ampararon la maniobra de 251 empresarios, también investigados.
De Vido negó siempre su presunta responsabilidad en el reparto de subsidios y vinculó las causas que enfrenta a una persecución judicial. Su figura es emblema de la política de promoción de la obra pública que impulsó el kirchnerismo, y cualquier golpe que reciba perjudica también a Cristina Kirchner. El martes pasado, un fiscal pidió a un juez que procese y pida la quita de los fueros legislativos que protegen al exministro en una causa que investiga la presunta malversación de 264 millones de pesos (15 millones de dólares) en el desarrollo de una mina de carbón en Río Turbio, en la Patagonia argentina. Durante varios días, los medios especularon sobre la cantidad de diputados dispuestos a retirar los fueros a De Vido y la estrategia del gobierno de Mauricio Macri para convencer a los dubitativos. Pero el viernes, el juez Luis Rodríguez no aceptó el pedido del fiscal y todos los cálculos quedaron en nada.
Anulada la vía judicial, el oficialismo necesita ahora dos tercios de los votos en el Congreso, donde está en minoría, si pretende expulsar a De Vido de su banca en Diputados. La estrategia será la de declarar su “inhabilidad moral” para ejercer el cargo. El proceso obligará además al kirchnerismo a fijar una posición política. Ni Cristina Kirchner ni los diputados que le responden opinaron sobre la última embestida judicial contra De Vido.
El exministro también está procesado por estrago culposo en la llamada “tragedia de Once”, un accidente ferroviario que en 2012 dejó 52 muertos, por la compra de vagones inservibles a Portugal y España y por irregularidades en el servicio de trenes. Cada nueva causa es también una mala noticia para Cristina Kirchner.
El País
