En las últimas dos semanas más de treinta profesores y estudiantes universitarios se han unido a una huelga de hambre, como una medida de presión pacífica, que busca concienciar al Gobierno acerca de la crisis universitaria, sumado a la cantidad de personas que en todo el país recurren a esta instancia para hacer valer sus derechos.
Hasta el párroco de la Universidad de Los Andes se encuentra en ayuno voluntario, además de Leocenis García, presidente del grupo 6to Poder, por un reclamo a Conatel por la salida del aire de Atel TV. Sin embargo, la forma de protesta se ha usado en muchos casos, recientemente unos trabajadores tercerizados de Pdvsa la aplicaron y una alcaldesa exigiendo recursos, entre otros casos menos sonados pero con igual riesgo a la salud.
ÚLTIMA INSTANCIA
Raúl Herrera, párroco de la UCV y coordinador del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de esta Casa de Estudios, indicó que la huelga de hambre debe realizarse cuando ya se han agotado todas las vías porque representa “la última instancia”. Asegura que antes se debe recurrir a protestas de calle, manifestaciones, pero “como la postura del Gobierno es intransigente” las personas radicalizan las formas de reclamar.
El párroco se refirió a los huelguistas de hambre, a quienes acompañó en otros procesos, como personas a las que admira por su determinación, aunque juegan con su propia salud en pro de un objetivo, y los animó a “buscar otras formas de lucha”.
Herrera considera que la solución a los conflictos está en manos del Gobierno, pero lo que tiene trancado el juego es la postura ideológica oficialista que “no quiere dar su brazo a torcer”. El presbítero sugirió al oficialismo asumir “una actitud de diálogo, como debe ser”, que se pongan en el lugar del otro y piensen en el bien común.
PENALIZACIÓN
Marino Alvarado, coordinador general de Provea, expresó que desde comienzos de 2005 se creó un andamiaje jurídico para penalizar y restringir la protesta en el país, pero que éstas no han cesado, ya que en 2012 hubo 5.486 manifestaciones, que representan un 15% más que las registradas en 2011. “Esto sucede porque la gente desafía al Estado, de hecho hay más de 2.500 personas sometidas a juicio penal por protestar“, lo que refleja la incapacidad de las instituciones para dar respuestas a los reclamos de la gente. Manifestó que existe un incremento sostenido de las huelgas de hambre y que Franklin Brito es el caso más ilustrativo de la indolencia, “porque desde el Gobierno existe un desprecio por la vida humana”.
Para Marcos Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad, Brito representa un ejemplo de la lucha firme de alguien que llegó al final por defender sus derechos, aunque “hicieron creer que tenía deficiencias mentales y el Gobierno creó una matriz de opinión negativa de él y su familia”. Para algunos, sin embargo, el caso Franklin Brito se recuerda como una huelga de hambre “que no sirvió” por no haber cumplido sus objetivos.
ATENCIÓN INMEDIATA
Ponce sostiene que los gobiernos democráticos dialogan con los afectados en un conflicto y si llegara a suceder una huelga de hambre, atienden de modo inmediato a las personas afectadas.
Para el coordinador del Observatorio de la Conflictividad, la postura del presidente Maduro es la de “criminalizar a quienes hacen huelga de hambre”, tal como sucedió con los estudiantes, a quienes llamó saboteadores, y que el ataque y las descalificaciones del Gobierno trae como consecuencia que se radicalicen las formas de protesta.
Refirió que la huelga de hambre es la lucha más pacífica porque no se afecta a terceros ni a bienes públicos, pero es la más peligrosa, pues quienes la ejecutan ponen en riesgo su vida; por lo tanto, los gobiernos deben atender a los afectados de inmediato.
Fuente: Agencias
